Funcionarios del Gobierno celebran la emisión del 2014. (Foto de archivo)
Por redacción de Sin Comillas
La batalla entre acreedores se recrudece y el escenario para negociar se complica. Si los tenedores de Obligaciones Generales (GO) habían sido los primeros en golpear al cuestionar la legalidad de la estructura de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante); ahora son los tenedores de Cofina los que cuestionan la legalidad de ciertas emisiones de GOs. Alegan que algunas emisiones de deuda se habrían hecho violando las limitaciones de la deuda pública en la Constitución de Puerto Rico.
Según los documentos presentados el sábado por la noche en el Tribunal Federal, la deuda constitucional alcanzó su límite en el 2011 y toda la deuda emitida después de esa fecha es ilegal. Entre esa deuda estaría los $3,500 millones en bonos de GO emitidos en 2014, la emisión más grande de deuda municipal clasificada como chatarra.
La Constitución de Puerto Rico establece que el gobierno no puede asumir ninguna deuda que requiera el gasto de más de 15% de los ingresos internos del Departamento del Hacienda en deudas de obligación general.
Los tenedores de deuda de Cofina solicitaron al juez Francisco Besosa que deniegue la solicitud de los GOs de redirigir los fondos de Cofina para pagar la deuda de GOs.
La demanda de los tenedores de Cofina se produce cuando está pendiente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico una demanda de los tenedores de GOs (Lex Claims LLC, et al. v. Garcia-Padilla, et al., No. 16-2374) que cuestionan la legalidad de la estructura de Cofina, cuya deuda está respaldada por el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). El Grupo Ad Hoc de bonistas de GOs objeta que los tenedores de bonos de Cofina sean los únicos que están cobrando la deuda, pese a que la Constitución de Puerto Rico le da prioridad al pago de la deuda de GOs.
La solicitud en el tribunal fue presentada por un grupo que incluye a las firmas de inversiones Cyrus Capital Partners LP, Tilden Park Capital Management y Scoggin Management LP, que suman $2,500 millones de bonos de Cofina.
El viernes, la Junta de Control Fiscal habría solicitado al tribunal la paralización de la demanda de los acreedores de GOs porque “destruye”los esfuerzos para lograr una negociación consensuada de la reestructuración de la deuda. Horas después, el gobierno anunciaba que mantienen discusiones en busca de “una resolución pronta y diligente” a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de la deuda de Cofina por parte del Grupo Ad Hoc de bonistas de GOs.
La decisión del Gobierno cogió por sorpresa a los que trabajan con la reestructuración de la deuda y es vista por algunos como un endoso parcial a la posición de los bonistas de GOs, aunque el Gobierno señaló que no está asumiendo una posición definitiva en cuanto a los méritos de las controversias constitucionales.
Se desconoce si el Gobierno ha iniciado oficialmente las negociaciones con los acreedores para reestructurar la deuda y alcanzar un acuerdo antes del 1 de mayo, según establece la Junta de Control Fiscal y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Pero el tiempo es escaso y la batalla de demandas no ayuda.
El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal el pasado 13 de marzo propone pagar un promedio anual de $787 millones en servicios de la deuda en los próximos 10 años, lo que supone una quita promedio anual de la deuda de 76% en ese periodo.
Todavía no se sabe es cómo se va a distribuir el pago de la deuda entre los acreedores, algo que debe salir de las negociaciones entre Gobierno y acreedores.
Bajo la ley Promesa, si las negociaciones no son fructíferas antes de 1 de mayo, la Junta de Control Fiscal puede utilizar el Título III, que equivale a solicitar la quiebra en los tribunales, una alternativa que cada vez está más cerca.
