Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal aprobó, con enmiendas, los planes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su séptima reunión pública, en Nueva York, sin que ni público ni periodistas hayan podido ver previamente los planes sometidos por el Gobierno.  

Durante la reunión, de casi tres horas de duración y con pocas preguntas de un público escaso, se aprobó una resolución que establece el proceso para aprobar la utilización del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que se hará en una reunión ejecutiva (sin presencia de público) o por correo electrónico.

Between the adjournment of this meeting and the opening of the Board’s next public meeting, the Board may consider in executive session any and all matters that it is authorized to consider under PROMESA, including (1) any certification determinations authorized by PROMESA, including certification determinations under Section 206 of PROMESA, and (2) any filings authorized under Title III of PROMESA, in each case that are set forth as part of the vote to convene such executive session. The Board may also act by unanimous written consent between meetings in accordance with the Bylaws, with such consent to include consent by email.

“Con la resolución, nos reservamos el derecho, de aquí a la próxima reunión, de hacer una reunión ejecutiva y tomar una decisión”, dijo Carrión en la conferencia de prensa tras la reunión. Carrión no quiso ser claro sobre si tienen que consultar al Gobierno para utilizar el Título III. “Estamos aliados con el Gobierno”, fue su respuesta a preguntas de los periodistas. Carrión si reveló que un oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le habría manifestado ayer que en el Congreso de Estados Unidos no se contempla ninguna legislación sobre la extensión del Título III.

Recordemos que la paralización de demandas que permite la ley PROMESA finaliza el próximo lunes, 1 de mayo. Por otro lado, la Junta espera recibir el presupuesto del Gobierno el domingo.

En plan fiscal del BGF (con una deuda de $4,500 millones) planeta la liquidación de los activos del bancos, lo que supone su desaparición. Es el único de los planes aprobados por la Junta que no sufrió enmiendas (Plan Fiscal – Banco Gubernamental de Fomento). El proceso de liquidación, que tomará 10 años, BGF actuará como agente de cobros de su cartera de préstamos y tratará de recuperar la mayor parte de sus activos para distribuirlos entre los acreedores.

El plan de la ACT (Plan Fiscal – Autoridad de Carreteras y Transportación) incluye la privatización de varias operaciones, entre ellas el Tren Urbano, pero no se ofrecieron muchos detalles (los planes fueron publicados pasadas las 11:30 am). De hecho, la Junta pidió enmiendas en 30 días porque el plan no ofrece datos específicos que demuestre su sustentabilidad financiera.

El plan de AAA (Plan Fiscal – Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), que tiene una deuda de $4,000 millones, propone un aumento anual en tarifas a partir de enero de 2018 y varias alianzas público-privadas (APP). La Junta pidió enmiendas.

El plan de la AEE (Plan Fiscal – Autoridad de Energía Eléctrica) contempla varias APP de generación de energía. Se aprobó, con enmiendas para incluir reducción de las tarifas en cinco años a 21 centavos el kilovatio por hora (kW/h) y una revisión de tarifas en los próximos 60 días. Las enmiendas a este plan deben presentarse en 45 días.

Están pendientes la presentación de los planes fiscales de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) y de la Universidad de Puerto Rico, que deben entregarse en un plazo de 30 a 45 días.

Tras la presentación de cada plan, la Junta pedía al público presente si tenía preguntas o comentarios. El asunto fue muy criticado por el público en la sala y en Internet debido a que no se podían hacer preguntas sin haber leído los planes, que no se publicaron hasta después de la reunión, a pesar de que se entregaron en el mes de febrero.

“No fue una decisión consciente”, contestó Carrión. “Tenemos limitaciones de tiempo y puedo dar fe de que no hubo una decisión de no publicarlos. Estábamos trabajando a todo vapor para cumplir los requisitos de la ley. Todos aquí tenemos trabajo de día y muchas cosas surgen”, añadió, recordando que los miembros de la Junta tienen sus trabajos y no cobran por pertenecer a la Junta.

Lo que resulta inexplicable es como nadie pensó en publicar esa información cuando la Junta ya tiene una directora ejecutiva con dedicación completa y un equipo de asesores en diferentes temas.

Y finalmente, como en otras ocasiones, la reunión fue una puesta en escena, sin discusión ni disentimiento, de la toma de decisiones que se hacen en reuniones privadas.

Resoluciones adoptadas por la Junta en la séptima reunión pública