Por redacción de Sin Comillas
Durante las vistas públicas para debatir el Proyecto del Senado 237, que ordena un estudio abarcador sobre las leyes de cabotaje federal, Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados se pronunció en contra y presentó un estudio de la Comisión de Derecho y Relaciones laborales del Colegio. “La aplicación de las leyes de cabotaje son una violación a los derechos humanos de los puertorriqueños”, indicó Rivera Lassén.
“El razonamiento teórico que emana de la oposición a la aplicación de la Ley Jones es la restricción al libre comercio entre naciones”, declaró Rivera Lassén, al referirse a la Sección 27 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como “Ley Jones” o “Leyes Federales de Cabotaje de 1920”. “Esta ley ha sido señalada como un instrumento que no se adapta a las exigencias del nuevo escenario mundial”, aseguró.
“Además, en el caso de Puerto Rico este estatuto federal equivale, a su vez, en un impuesto en la transportación marítima de mercancías que Puerto Rico compra y vende a los Estados Unidos de América”, reza el informe sometido a la Comisión senatorial, presidida por la senadora popular Rossana López León. Básicamente la Ley Jones provee que las mercancías transportadas entre puntos de aguas territoriales de Estados Unidos deberán ser transportadas en embarcaciones construidas por individuos o corporaciones de Estados Unidos, registradas bajo bandera estadounidense y operada por personal estadounidense.
“En otras palabras, este estatuto federal excluye en su totalidad la participación de navíos extranjeros en el mercado doméstico de transportación maritima”, expresó la presidenta de los abogados y abogadas, quien presentó varias recomendaciones. “Hay que establecer un frente común entre los sectores y formalmente solicitarle al Gobierno de Estados Unidos que exima a Puerto Rico de las restricciones de la Ley Jones, de manera que se armonicen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con la política de transportación maritime internacional, de la cual Estados Unidos es consignatario”.
Rivera Lassén también recomendó integrar a la sociedad civil puertorriqueña en la lucha contra las leyes de cabotaje “siguiendo la experiencia del caso de Vieques e integrar a la lucha el concepto de que las leyes de cabotaje son una violación a los derechos humanos”.
El P. del S. 237 solicita además un análisis del Informe realizado por la “Government Accountability Office” (GAO), relacionado al impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos, a consecuencia de la imposición de las leyes de cabotaje. Las vistas continuarán durante toda esta semana.
