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Por redacción de Sin Comillas
Durante la octava reunión pública, la Junta de Control Fiscal aprobó el presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2018 sujeto a que se realicen algunas enmiendas, entre ellas se solicita un recorte adicional de $13 millones al presupuesto de la Legislatura. La Junta y el Gobierno “estipularon” que mantienen diferencias sobre la necesidad hacer una reducción adicional a la Legislatura y sobre si se cumplen las condiciones para reducir o no la jornada laboral. A preguntas del senador Eduardo Bhatia sobre cómo se resolverán esas diferencias, Carrión comentó que “aparentemente en la Corte”.
La Junta aprobó ciertas revisiones al presupuesto propuesto presentando por el Gobierno, “requeridas dado el fracaso de la Asamblea Legislativa de tomar las acciones correctivas que la Junta bosquejó en su Notificación de Violación del 27 de junio y de adoptar un presupuesto en cumplimiento para el 29 de junio de 2017”.
Además del recorte adicional de $13 millones al presupuesto de la Legislatura, los cambios incluyen asignar fondos para el subsidio del gobierno a la producción de leche local, producto de una sentencia judicial, y ajustes en las reducciones de los gastos del Instituto de Cultura.
“Los ajustes debe ser en todas las partidas y proporcionales, no deben ser arbitrarios ni caprichosos”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta. También se realizaron cambios técnicos en el presupuesto de la rama judicial.
“Hoy se conmemora un hito histórico en nuestra ruta hacia la responsabilidad fiscal y la restauración de la credibilidad ante los mercados financieros y el fomento del crecimiento económico para todos en Puerto Rico. El presupuesto aprobado es realista y consistente con el Plan Fiscal certificado y los objetivos y metas en él dispuestos.
El curso está marcado; y aunque será desafiante, no podemos darnos el lujo de desviarnos. Debemos trabajar juntos para mantenernos firmemente en nuestro camino hacia la construcción de un Puerto Rico más fuerte y proveer mejores oportunidades para su gente lo más pronto posible”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión.
La Junta de Supervisión también adoptó por unanimidad resoluciones aprobando los presupuestos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En las resoluciones, la Junta indicó su determinación para certificar estos presupuestos propuestos, en cumplimiento con los planes fiscales sometidos previamente y certificados por la Junta de Supervisión. Las resoluciones también declaran que los planes fiscales previamente certificados con toda probabilidad serán revisados a futuro, en cuyo caso los presupuestos certificados tendrían que ser revisados para para estar en cumplimiento con cualquiera de esas revisiones.
En los casos de la AAA, ACT y AEE, la Junta solicitó específicamente que el Gobernador entregue dentro de 45 días, planes fiscales revisados que incorporen las enmiendas adoptadas por la Junta el 28 de abril de 2017. En el caso dela AAA, también se solicitó modificar el plan para reflejar partidas individuales consistentes con el presupuesto certificado hoy. La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, propuso resoluciones para aprobar y certificar cada uno de los presupuestos y emitir una certificación para cada uno al Gobernador y la Legislatura, conforme PROMESA.
La Junta aún está por considerar los planes fiscales y presupuesto de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y la Universidad de Puerto Rico, dado que esos planes y presupuestos aún no se han finalizado.
También se anunció durante la reunión que los formularios actualizados de divulgaciones de intereses financieros, incluyendo las divulgaciones trimestrales para los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2017, de los miembros de la Junta y su personal, han sido distribuidos públicamente y colgados en la página de Internet de la Junta.
El presidente Carrión confirmó que esta información ha sido revisada por la asesora de ética de la Junta y enfatizó que los documentos de gobernanza de la Junta, incluyendo PROMESA en si misma, los estatutos de la Junta de Supervisión y su Código de Conducta requieren la divulgación de conflictos de interés, una obligación a la cual la Junta se adhiere firmemente.
