Por redacción de Sin Comillas

El administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, desmintió alegaciones sobre incumplimiento con la Ley 106-2017 (“Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”).

La Administración de los Sistemas de Retiro garantiza que las aportaciones de los empleados públicos están debidamente separadas y segregadas en cumplimiento con la Ley 106, y la Junta de Retiro tiene un proceso encaminado para seleccionar la entidad que administrará el Nuevo Plan de Aportaciones Definidas.

“Al día de hoy, las aportaciones individuales de nuestros servidores públicos se encuentran debidamente separadas y segregadas en una cuenta del BPPR bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Cada centavo que el empleado público ha aportado desde la creación de la ley 106-2017 está separado y custodiado en esa cuenta. Alegar que las aportaciones de los empleados públicos no han sido debidamente separadas es un planteamiento equivocado que se aparta de la realidad”, aseguró el titular de Retiro.

El pasado 28 de septiembre de 2018, la Junta de Retiro publicó un “Request For Proposal” (RFP) para recibir propuestas de compañías que estuviesen interesadas en la implementación, administración y manejo del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas. Este plan va a estar fuera de manos del gobierno y será un plan similar a lo que es plan 401k. Al momento la Junta de Retiro se encuentra en el proceso de evaluación de las propuestas recibidas y para diciembre de este año, debe estar seleccionando la compañía que administrará este nuevo plan.

Collazo dijo que “a pesar de haber recibido un Sistema de Retiro totalmente insolvente, y a pesar de los retos fiscales y presupuestarios que enfrentamos, nuestra Administración ha tenido la voluntad para garantizarle el pago de las pensiones a todos nuestros pensionados y para crearle a todos nuestro servidores públicos un verdadero plan de aportaciones definidas donde sus aportaciones están realmente segregadas y custodiadas y donde la decisión de cómo se administrarán esas aportaciones ya no estará en manos del Gobierno de Puerto Rico, sino que será el propio servidor público quien escoja como quiere invertir sus aportaciones”.