Foto de archivo del webcast de octubre de 2013.
Por Luisa García Pelatti
El equipo económico y fiscal del Gobierno celebró el jueves una conferencia por Internet con inversionistas después de la oleada de degradaciones a las que han sometido las agencias clasificadoras a la deuda del Gobierno y las corporaciones, tras la aprobación de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (“Ley para la Recuperación”) que permite reestructurar las deudas de algunas corporaciones públicas.
“Creemos que las agencias clasificadoras han malinterpretado y tergiversado gravemente las intenciones del Gobierno”, dijo David Chafey, presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La presentación –de 80 páginas– comenzó con un mensaje previamente grabado del gobernador Alejandro García Padilla, y participaron David Chafey, presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); José Pagán, presidente del BGF; Melba Acosta Febo, Secretaria de Hacienda; Carlos Rivas, director ejecutivo de la Oficina de Presupuesto y Gerencia; Alberto Bacó, Secretario de Desarrollo Económico; y Antonio Medina, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Económico; entre otros.
Chafey explicó que la “Ley para la Recuperación” busca “fortalecer el crédito y la liquidez del Gobierno” al mismo tiempo que se ofrece un a herramienta para que las corporaciones públicas sean autosuficientes y permitan que la economía se recupere. Dijo que “en menos de dos años, el Gobierno ha hecho progresos sustanciales para alcanzar esa meta”.
Para alcanzar esa recuperación han establecido cinco prioridades: un presupuesto balanceado, lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras sean autosostenibles en el largo plazo; crear empleos; hacer una reforma contributiva y lograr acceso al mercado para mejorar la liquidez.
Insistió en que la “Ley para la Recuperación” es una herramienta que sólo se utilizará en caso de emergencia, y principalmente para resolver la situación de la AEE . En el caso de Carreteras, Chafey explicó que se buscan alternativas para no utiliza esa ley. Recordemos que Carreteras le adeuda al BGF más de $2,000 millones en préstamos y una reestructuración afectaría seriamente la liquidez del banco.
Sobre la reforma contributiva, que se espera que entre en vigor a finales del actual año fiscal 2015, Chafey quiso dejar claro que no afectará los ingresos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Durante la presentación los funcionarios del Gobierno quisieron dejar claro que las recientes degradaciones por parte de las agencias clasificadoras de deuda malinterpretan las intenciones del Gobierno y no reflejan los esfuerzos que se han hecho para mejorar el crédito. “La intención del Gobierno de cumplir con todas sus obligaciones no debería ser cuestionada a la luz de estos logros sin precedentes”, comentó Chafey.
El Gobierno tiene planes de salir al mercado en los primeros tres meses del año fiscal 2015 que acaba de empezar con una emisión para refinanciar los TRANs y podría realizar otras transacciones para financiar deuda a corto plazo si las condiciones de los mercados lo permiten.
Aunque en la presentación no hubo ninguna referencia a la disputa que mantienen en los tribunales el Gobierno y Doral Bank, en las sesión de preguntas salió a relucir el tema varias veces.
La Secretaria de Hacienda insistió que “de ninguna manera esta disputa ha afectado la relación con los bancos” y cuestionada sobre qué pasaría si se pierde el caso en los tribunales y el Gobierno se ve obligado a pagar más de $200 millones, Acota Febo dijo que no esperaba que esa pasara, pero que el acuerdo establece que el pago se hará en un período de cinco años.
