Sergio

Por redacción de Sin Comillas

El Centro para una Nueva Economía  (CNE) se opone a que la propuesta de reforma contributiva presentada por el Gobierno se apruebe tal y como está redactada y en su lugar propone siete recomendaciones:

  1. Posponer la reforma contributiva propuesta
  2. Reestructurar el Departamento de Hacienda
  3. Comenzar con un plan piloto convirtiendo el IVU actual en un IVA
  4. Refinar el análisis y determinar la modalidad óptima en el contexto de una reforma contributiva a fondo
  5. Renegociar el servicio de la deuda de los bonos de Obligación General
  6. Diseñar un plan financiero a dos años que reparta la carga
  7. Esbozar una nueva estrategia de desarrollo económico

Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, explica que reclaman que se posponga la puesta en vigor de la reforma debido al clima actual de incertidumbre fiscal y financiera; el riesgo de implementación; la falta de tiempo para analizar a fondo la reforma propuesta, especialmente los impactos económicos; y la debilidad de la economía. Por todo ello, dicen que “sería imprudente proceder con una reforma contributiva de esta magnitud en estos momentos”.

Después de reorganizar el Departamento de Hacienda propone convertir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con la misma base, como un proyecto piloto para identificar y corregir  los fallos antes de implementar una IVA de base más amplia.

Aplazar la reforma, dice Marxuach, permitirá analizar con más detalles aspectos como la cantidad de recaudos adicionales necesaria para eliminar el déficit del Fondo General; el impacto económico del IVA; la opción de implementar una IVA de base amplia pero con varias tasas; y eliminar todas las preferencias contributivas que con económicamente inficientes.

“Solo entonces, después de hacer todo lo anterior, tendría sentido, en nuestra opinión, implementar una reforma contributiva”, opina el CNE.

Mientras tanto, el CNE propone renegociar el servicio de la deuda del Gobierno. “Se debería considerar renegociar los términos de repago de esta deuda para darle un poco más de espacio fiscal al gobierno. Los fondos producto de este ahorro se podrían utilizar para aumentar la inversión pública y así estimular la economía, impulsar el crecimiento, reducir el desempleo, y aumentar el ingreso”.

Al mismo tiempo, el CNE recomienda diseñar un plan financiero de dos años para atender la situación fiscal a corto plazo, en lo que se refina el proyecto de reforma contributiva a fondo. Este plan podría incluir: aumentar la tasa del IVU de 7% a 10%, gradualmente en dos etapas, lo que podría generar hasta unos $840 millones adicionales; recortar gastos del Fondo General entre $400 y $500 millones, estos ahorros se podrían lograr eliminando gastos excesivos y redundantes, así como a través de mejor administración y gerencia; y eliminar preferencias contributivas inefectivas, lo cual podría fácilmente generar unos $500 millones adicionales.

Y finalmente, Marxuach habló de desarrollar una “nueva estrategia de desarrollo económico”. Dice que se puede aprovechar el momento para identificar los sectores económicos en Puerto Rico que generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar para movernos hacia la producción de bienes y servicios más complejos; acumular el capital necesario—financiero, físico, natural, y humano—para desarrollar esos sectores; desarrollar programas de entrenamiento especiales para capacitar trabajadores en los sectores identificados; promover la investigación y la innovación en cada uno de esos sectores;  aprovechar la apertura de la economía de Puerto Rico, no sólo para lograr acceso a otros mercados, sino también para atraer los flujos de conocimiento, personas, capital, y tecnología necesarios para el desarrollo de nuestra capacidad productiva en los sectores identificados; establecer las instituciones que faciliten la creación de una base de producción nacional y la articulación de una red de eslabonamientos entre los diversos sectores productivos, condiciones indispensables para el desarrollo sostenido a largo plazo; y enmarcar estos elementos dentro de un pacto social de desarrollo económico a mediano plazo y cuya implementación esté a cargo de un grupo de servidores públicos profesionales en conjunto con representantes del sector privado.