Por Luisa García Pelatti

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, ofreció algunos detalles del presupuesto certificado del año fiscal 2019. Se trata de un presupuesto para el Fondo General de $8,758 millones, $804 millones menos que el del año fiscal que acaba de terminar, un recorte de 8.4%. Es el presupuesto más bajo en más de 15 años.

Es un presupuesto mutable porque se puede enmendar e ir incorporando cambios según sea necesario. Por ejemplo, habría que hacer cambios para incorporar el presupuesto para el Instituto de Estadísticas tras no se incluido en la reestructuración del Departamento de Desarrollo Económico. También habría que cambiar el presupuesto si los acreedores llegan a algún acuerdo aprobado por el tribunal.

Es también un presupuesto difícil de comparar con el anterior como advirtió Jaresko, que dijo que hay que tener mucho cuidado al hacer comparaciones porque el presupuesto del 2019 se diseñó de forma diferente y las comparaciones pueden llevar a cometer errores.

Cuestionada sobre qué hará la Junta para obligar al Gobierno a implementar el presupuesto certificado, Jaresko dijo que “haremos todo lo que esté en nuestras manos”, aunque aceptó que la única alternativa es el tribunal. “La Ley PROMESA es clara. El presupuesto debe cumplir con el plan fiscal certificado”.

Natalie Jaresko estuvo acompañada de Miguel Tulla, jefe de presupuesto de la Junta de Control Fiscal. (Foto: Sin Comillas)

Manifestó que no quisiera ir al tribunal. “Sería un uso desafortunado de esfuerzo y dinero de los contribuyentes”, pero dicen estar preparados para utilizar las medidas necesarias.

Antes de conocerse que el Gobernador convocaría una reunión extraordinaria de la Legislatura, la directora ejecutiva de la Junta dijo que todavía tenía la esperanza de que la Legislatura presente un presupuesto que incluya la derogación de la Ley 80 y que cumpla con el Plan Fiscal certificado.

El presupuesto presentado por la Junta incluye $1,966 millones para el pago de pensiones; una reserva de $120 millones para emergencias y no incluye dinero para el pago del servicio de la deuda. El 16.8% del Fondo General se gasta en educación ($1,467 millones); un 7.4% en subsidios a la Universidad de Puerto Rico ($646 millones); y 9.0% en seguridad pública ($790 millones)

Para darle seguimiento a los gastos, se harán informes trimestrales de presupuesto y se ha incluido una reserva del 5% del Fondo General que no se desembolsará hasta el cuarto trimestre del año fiscal.