Por redacción de Sin Comillas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó varios proyectos de ley, entre ellos, el que prohíbe a los comercios a calcular la propina de un cliente tomando como base el precio luego de añadido el IVU. Es decir, el monto de la propina voluntaria será a base del sub total, previo a sumar el IVU en beneficio de los consumidores.

El Gobernador firmó otros seis proyectos de ley que dan mayores derechos y beneficios a los consumidores de Puerto Rico. Otro proyecto declara como servicio público esencial las telecomunicaciones para asegurar que se le dé la prioridad que amerita este importante servicio de comunicación en los planes de preparación y recuperación ante un evento atmosférico.

Además, se dispone que el dinero proveniente de una reclamación de daños a un vehículo no puede ser retenido por la institución financiera a la que se le adeude alguna mensualidad en el pago.

Otra medida persigue permitir acceso a los funcionarios autorizados de un concesionario de vehículos a acceder al sistema DAVID Plus para verificar exclusivamente el historial de multas o gravámenes de los vehículos que reciben en “trade in” y facilitar la compra de un vehículo sin inconvenientes para los consumidores.

Por otro lado, se permite a las Asociaciones de Residentes de lugares con control de acceso a privar del derecho al voto a aquellos residentes que adeuden tres o más plazos consecutivos de la cuota impuesta para la operación continua y efectiva de los servicios comunes.

De igual forma, el Proyecto de la Cámara 1146 protege a los consumidores ante las cancelaciones de contratos en compañías de celulares, Internet y televisión. La enmienda ordena que se prorrateen los cargos de cancelación tomando en consideración los meses que faltan para cancelar el contrato para los clientes residenciales.

Finalmente, el Proyecto del Senado 527 establece que las reconsideraciones de un procedimiento administrativo ante el Departamento de Asuntos al Consumidor sean revisadas por un abogado o por el secretario para asegurar la uniformidad legal y evitar inconvenientes innecesarios a los consumidores en la revisión de decisiones administrativas. Al estampar su firma en los proyectos, el gobernador expresó que “estas medidas persiguen dar más derechos a nuestros consumidores”.