Por redacción de Sin Comillas
En una carta dirigida al gobernador y a los presidente de la Cámara de Representantes y el Senado, la Junta de Control Fiscal recomendó rescindir la orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción a $15 la hora para contrataciones gubernamentales. El salario promedio pro hora en el sector es de $8.69. El gobernador Ricardo Rosselló firmó la orden el 30 de julio.
“La Junta de Supervisión considera que las políticas para aumentar la tasa de empleo deberían tener prioridad en la mente del Gobierno cuando elabora políticas económicas para Puerto Rico”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal. “En este contexto, el curso más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, en la medida que aumente la demanda de trabajadores, esperaríamos que los salarios aumenten acorde con esa demanda”.
La recomendación, asegura Carrión, se hace para cumplir con el Plan Fiscal certificado y para evitar el aumento en los costos de los proyectos de construcción, privados o del gobierno, que se espera que se realicen como parte de las labores de reconstrucción durante los próximos siete años. La orden tendría, además, el efecto de reducir el empleo en construcción en proyectos privados.
La Junta hace referencia a un estudio de la Junta de Planificación sobre salario mínimo, que recomienda esperar a que la economía se recupere y pueda hacer frente a un alza en el salario mínimo. En caso de que se quieran aprobar aumentos en el salario mínimo, se deben hacer de forma poco a poco, a razón de 25 centavos al año y se deben incluir medidas para ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente a las alzas.
La Junta opina que las políticas para aumentar la tasa de empleo deberían ser la prioridad del Gobierno. “En este contexto, el curso de acción más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, a medida que aumente la demanda de los trabajadores, esperamos que los salarios aumenten en consecuencia”.
La Junta espera que el gobierno conteste a su recomendación antes de 90 días. La respuesta del gobernador no se hizo esperar. Agradeció la recomendación pero dice que no la acatará porque es una determinación de política pública. “Nuestro objetivo es garantizar que, en la reconstrucción de Puerto Rico, se remunere adecuadamente a nuestra clase trabajadora”.
