El Comité Especial de Investigación llevará a cabo vista pública en Puerto Rico el 18 de septiembre de 2018

Por redacción de Sin Comillas

El Comité Especial de Investigación de la Junta de Control Fiscal anunció la publicación del Informe de Investigación de la Deuda preparado por el investigador independiente Kobre & Kim LLP. El Informe, de alrededor de 600 páginas, incluye los resultados de su investigación sobre la deuda de Puerto Rico y su conexión con la crisis fiscal actual.

El informe habla de una deuda pública de $74,000 millones y un sistema de pensiones públicas con $49,000 millones en pasivos que supone una carga “catastrófica” y que empezó a formarse en 2006, con el fin de las empresas 936. La caída de la población, un creciente desempleo, problemas fiscales, falta de transparencia y las dificultades para el pago de las pensiones públicas hacían necesarias la implantación de reformas para equilibrar el presupuesto, financiar las pensiones y elaborar planes de crecimiento para la economía a largo plazo. Pero en lugar de eso, los políticos buscaron soluciones a corto plazo: emitir deuda, se creó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y se hicieron acuerdos (swap) para obtener efectivo y cerrar déficits presupuestarios.

Los bonos los compraban principalmente puertorriqueños, con el aliciente de que tenía triple exención, a entidades que a su vez eran subsidiarias de los bancos que suscribían las emisiones.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en su doble función de agente fiscal y emisor de préstamos, permitió el endeudamiento de las agencias, que para seguir operando dependían del Fondo General, los préstamos del BGF y las emisiones de bonos. Las agencias no generaban suficientes ingresos para pagar la deuda y ésta fue creciendo hasta alcanzar niveles insostenibles.

Las agencias clasificadoras de crédito empezaron a degradar la clasificación crediticia entre 2012 y 2014 hasta alcanzar la categoría de “bonos basura” entre febrero y junio de 2014. Se perdió el acceso a los mercados de capital.

El informe cuestiona la doble función del BGF como agente fiscal y emisor de préstamos, lo que habría generado “tensiones”, permitiendo que las consideraciones políticas afectaran en la toma de decisiones. El informe recomienda separar las funciones de agente fiscal y de otorgar préstamos.

En cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el informe dice haber encontrado evidencia de que la política afectó las tarifas. Las mantuvo altas pero al mismo tiempo eran insuficientes para cubrir los gastos operacionales y los proyectos de mejoras. La AEE dependía de los préstamos a corto plazo del BGF y tenía que hacer emisiones de bonos para pagarlos. No había voluntad política para aumentar la tarifa base, los subsidios redujeron los ingresos, el gran número de empleados de confianza nombrados por el gobernador de turno provocaban una rotación masiva, la pérdida de conocimiento institucional y complicaba la toma de decisiones.

El informe recomienda que si el Gobierno quiere evitar la privatización de la AEE y la AAA debe reestructurar las Junta de Gobierno para incluir miembros nombrados por el Gobernador pero también independientes y que sirvan por periodos de tiempo más largos y escalonados. También recomienda la creación de un comité de auditoría formado por independientes y que una junta independiente se encargue de establecer las tarifas.

Sobre COFINA, el informe señala que no encontraron evidencia de que la corporación se creara para evitar el límite constitucional de deuda. “COFINA estaba destinada a ser una fuente de financiamiento con buena clasificación que ayudaría a resolver los problemas de déficit”. Pero con el tiempo, COFINA se convirtió en una fuente de liquidez que evitó que se buscara una solución más permanente a los problemas financieros.

De cara al futuro, recomiendan que se debe enmendar la Constitución para que este tipo de deuda sea parte del cálculo del límite constitucional de la deuda.

Sobre el papel de las agencias clasificadoras de crédito en las crisis fiscal, el informe explica que las clasificaciones de grado de inversión, cuando la deuda seguía creciendo, habría hecho que las emisiones de deuda se vieran más atractivas a los ojos de ciertos inversionistas, pero el informe dice no haber encontrado evidencia de que las clasificaciones hayan provocado la crisis.

Uno de los hallazgos es que la triple exención que ofrecía los bonos de Puerto Rico impulsaron el apetito de los inversionistas. La crisis fiscal se habría ampliado al provocar pérdidas sustanciales en las entidades que vendían fondos mutuos cerrados.

Otros hallazgos del informe se resumen a continuación:

  • Popular participó en la suscripción de la emisión de bonos de 2014, obteniendo ingresos por ello, a pesar de que había advertido al BGF que estaba contra de hacer la emisión.
  • ¿Tenía el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno autoridad para emitir bonos sin la autorización de la Legislatura?
  • No encontraron evidencia de que empleados del BGF violaran leyes de ética, hicieran un uso inadecuado de la información obtenida a través de los canales oficiales o hayan actuado de mala fe.
  • Los que tomaron las decisiones fallaron en informarse sobre los riesgos involucrados.
  • El informe analizó las alegaciones en contra de los bancos  sobre las prácticas de ventas de bonos. Esas alegaciones se enfocaron en UBS PR, Santander Securities y Popular Securities sobre la venta de bonos a inversionistas y un posible conflicto de interés por los múltiples roles de los bancos en las etapas de emisión y venta de bonos. Estas prácticas son objeto de demandas y algunas continuan pendientes.
  • UBS actuó como suscriptor de una emisión de Retiro, compró esos bonos y otra afiliada daba servicio de consultoría al Sistema de Retiro. “Esta es una actividad muy irregular”, determinaron los investigadores.
  • ¿Son responsables las agencias clasificadoras de crédito por asignar calificaciones más altas que las que merecían los emisores que posteriormente se declararon en quiebra? ¿Deberían haber confirmado la información sobre la situación financiera más allá de lo que requieren sus propias metodologías? El informe identifica posible vulnerabilidades en los procesos y procedimientos de las agencias clasificadoras de deuda. Los análisis se basaron en la información suministrada por el emisor. Confiar en esa información puede no haber sido del todo prudente dadas las circunstancias. Las agencias de calificación crediticia tardaron en cambiar las calificaciones positivas de emisiones de bonos, a pesar de que algunos de los analistas tenían preocupaciones sobre estos bonos entre enero de 2006 y julio de 2014. También encontraron evidencia que ciertos analistas eran escépticos sobre la información suministrada por el gobiernoEn ausencia de evidencia relacionada con intenciones fraudulentas u otras intencionales mala conducta, es poco probable que los reclamos contra los agencias clasificadoras tengan éxito.

“La investigación de 10 meses implicó un proceso extenso de evaluación de evidencia de muchas fuentes. Llevamos a cabo más de 100 entrevistas a testigos y revisamos una cantidad voluminosa de documentos en inglés y español”, dijo John Couriel, de Kobre & Kim.

La confidencialidad fue un componente clave del proceso de investigación, incluyendo negociaciones con testigos y los Comités del Título III con respecto a la cooperación y el intercambio de materiales, así como la aprobación del Tribunal de Título III y la aplicación de procedimientos para el tratamiento a futuro de los materiales recopilados como parte de la investigación. Fue un proceso independiente supervisado por el Comité de Investigación Especial de la Junta”, añadió Farrington Yates, también de Kobre & Kim.

La Junta de Control Fiscal  anunció que llevará a cabo una vista pública el martes, 18 de septiembre de 2018 en Puerto Rico para dar a las partes interesadas la oportunidad de escuchar y ser escuchados con respecto a los resultados del Informe.

El Informe está disponible en la página de internet de la Junta y pronto estará disponible una traducción al español, explicó la Junta.