La Junta reconoce que no puede imponer reformas sin el apoyo del gobierno de Puerto Rico
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal no incluyó la reforma laboral y la reforma contributiva en el Plan Fiscal porque considera que no existe voluntad política para adoptarlas. La Junta publicó ayer los borradores de los Planes Fiscales revisados del Gobierno y la Universidad de Puerto Rico (UPR), que se espera que certifique en la reunión pública de hoy.
El Nuevo Plan Fiscal proyecta un superávit de ahora al año fiscal 2033 y déficits posteriores. Ese superávit a corto plazo requiere la implantación de reformas estructurales, medidas fiscales y fondos federales adicionales.
Pero a pesar de las medidas de austeridad que requiere el Plan Fiscal Revisado se proyecta un retorno a los déficits a largo plazo si no se llevan a cabo reformas estructurales sustanciales adicionales. Los excedentes a corto y mediano plazo se vuelven a convertir en déficits luego de un período inicial durante el cual el influjo de fondos federales para recuperación de desastres proporciona un estímulo a la economía.
El Plan Fiscal hace claro que reformas estructurales, como la reforma laboral y las reformas para facilitar los negocios, son reformas para las cuales no existe hoy la voluntad política, pero que se requieren para cambiar la tendencia económica de la Isla a largo plazo, mejorar la competitividad, atraer inversión externa, crear empleos y generar las oportunidades necesarias y deseadas por los residentes de la Isla.
“Puerto Rico ha estado sumido en un descenso económico, en parte por una mala administración fiscal durante décadas”, dijo José Carrión, presidente de la Junta. “Y nuestro gobierno aún tiene mucho trabajo que hacer, incluso con estos cambios, para que la gente de Puerto Rico esté más cerca de lograr la economía dinámica y próspera que se merece”.
“A menos que el gobierno se comprometa a reformas más ambiciosas, Puerto Rico no será capaz de superar todos los problemas que han plagado su economía durante una década, y el gobierno habrá perdido su ventana de oportunidad para restaurar la sostenibilidad fiscal y lograr crecimiento económico a largo plazo y prosperidad para el pueblo de Puerto Rico”, advierte la Junta.
El Plan Fiscal Revisado del Gobierno de Puerto Rico hace ajustes para integrar datos nuevos más certeros con relación a los ingresos y los gastos para el año fiscal 2018, proyecciones demográficas actualizadas, asignaciones de fondos federales adicionales y actualizaciones en el flujo de fondos para la recuperación de desastres, mejores proyecciones en el área de salud basadas en estimados actuariales actualizados y cambios en la política del Gobierno que pueden afectar el crecimiento económico en general, así como el acuerdo alcanzado recientemente con los bonistas de COFINA.
La Junta prevé que se recibirán $82,000 millones en fondos para la recuperación de los daños del huracán. De estos, $66,000 serán fondos federales para agencias del Gobierno, unos $3,000 millones irán a individuos, $8,000 millones vendrán de reembolsos de compañías de seguros y $5,000 millones se otras fuentes del gobierno federal.
“Estaremos ofreciendo la postura del Gobierno en cuanto al plan fiscal durante la vista pública de la Junta pautada para mañana (hoy)”, dijo Christian Sobrino, representante del Gobierno en la Junta de Control Fiscal. “De entrada reconocemos que la Junta acogió varias de nuestros proyecciones económicas reflejando un panorama económico más alentador. Por tal razón, recomendamos en septiembre una reducción en las medidas de austeridad promulgadas por la Junta, a la vez que se permitía una solución equitativa con nuestros acreedores y pensionados. Es este acercamiento balanceado el que verdaderamente promete solvencia fiscal a largo plazo y viabiliza acuerdos sostenibles con nuestros acreedores. Esta administración se ha tenido que enfrentar a una crisis fiscal y dos huracanes sin precedentes. Las acciones de nuestro gobierno han reflejado una abundancia de voluntad para hacer lo necesario por el progreso y la transformación de Puerto Rico. Señalamientos generalizados acerca voluntad política en respuesta a diferencias de criterio son inoportunos y minan los fundamentos del proceso de mediación del Título III al cual el Gobierno de Puerto Rico se mantiene comprometido”, añadió.
