Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal se muestra favorable a extender hasta el 28 de febrero de 2017 la fecha límite para que el gobierno someta su Plan Fiscal, de forma tal que la Junta pueda certificar el Plan Fiscal no más tarde el 15 de marzo de 2017. La moratoria se podría extender hasta el 1ro de mayo de 2017. La decisión final se tomará en la reunión que la Junta celebrará este mes.
En la comunicación (Carta y anejos enviados al Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló), la Junta de Supervisión delinea cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su Plan Fiscal para que de aquí al año fiscal 2019, el Gobierno logre generar ingresos adicionales y/o ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones. Estas son: (1) aumento de $1,500 millones en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo (incluye la extensión de la ley 154) y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; (2) ajustes, reducción y eficiencia en la estructura gubernamental por $1,500 millones; (3) reducción de $1,000 millones en los gastos de salud; (4) reducción de $300 millones en los gastos de educación superior; y (5) reforma al sistema de pensiones que recorte unos $200 millones, entre otras.
“Las medidas enumeradas constituyen una propuesta ambiciosa pero viable….Le damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con su administración en el desarrollo e implantación de las reformas necesarias y de los términos de la reestructuración de la deuda que permitan que Puerto Rico restablezca el balance fiscal y el acceso a los mercados financieros a tasas de interés razonables. La Junta le está proveyendo a usted los parámetros fiscales y, dentro de esos parámetros, confiamos que usted y su administración hagan las correspondientes determinaciones de política pública, consistentes con PROMESA”, lee la carta suscrita por el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión.
En la carta, Carrión reconoce que varias de las medidas implantadas por la nueva administración desde que juramentó a principios de enero, van en la dirección correcta, pero aún se requiere mucho más.
“A partir de sus órdenes ejecutivas declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación de personal de confianza y otras reducciones de costos de nómina y el requerimiento a las agencias de que preparen presupuestos base cero, tal parece que su administración comparte esta prioridad [de lograr ahorros mediante reducciones en el tamaño del gobierno y aumento en su eficiencia.] Pero tenemos que ser sinceros y enfatizar que para lograr alcanzar el balance fiscal [que requiere PROMESA] va a hacer falta mucho más que las medidas hasta ahora adoptadas por su administración”, lee la carta de la Junta de Supervisión.
La carta surge luego de la reunión que la Junta de Supervisión sostuviera con el gobernador Rosselló el viernes pasado. En la reunión, la Junta acordó que le enviaría por escrito las metas, objetivos y parámetros que espera ver incluidos en el Plan Fiscal.
En la carta, la Junta le comunica a Rosselló que está favorablemente dispuesta a extender hasta el 28 de febrero de 2017 la fecha límite para que éste someta su Plan Fiscal a la Junta, de forma tal que la Junta pueda certificar el Plan Fiscal no más tarde el 15 de marzo de 2017. La Junta considerará formalmente esta extensión en su próxima reunión pública a llevarse a cabo más tarde este mes, y estaría sujeta a que el Gobierno cumpla y honre una serie de condiciones, incluyendo no tomar préstamos para proveer liquidez a corto plazo, desarrollar un plan de liquidez y proveer más información financiera, entre otras.
Igualmente, la Junta de Supervisión le comunicó al gobernador su disposición favorable de conceder la extensión en la fecha de vencimiento de la moratoria dispuesta en la Ley PROMESA, hasta el 1ro de mayo de 2017, sujeto a las mismas condiciones.
La Junta de Control Fiscal había establecido el 15 de enero como fecha para que la nueva administración sometiera su Plan Fiscal, toda vez que el plan fiscal sometido por la pasada administración no pudo ser certificado por no cumplir con los requerimientos de PROMESA. Además, dicha legislación federal establece una moratoria, entre otras cosas, contra cualquier litigio contra el Gobierno por incumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores hasta el 15 de febrero de este año.
En carta del pasado 20 de diciembre al entonces gobernador Alejandro García Padilla y al entonces gobernador electo Rosselló Nevares, la Junta había reiterado su disposición de colaborar con la nueva administración en el cumplimiento de la agenda establecida con el objetivo de certificar un Plan Fiscal en o antes del 31 de enero. Bajo PROMESA, la certificación del Plan Fiscal es una prioridad para llevar adelante la agenda fiscal de Puerto Rico.
En respuesta a la carta de la Junta de Supervisión, el pasado 4 de enero el representante del Gobernador ante la Junta, Elías Sánchez, solicitó a nombre del gobernador una extensión de 45 días, para presentar el Plan Fiscal de la presente administración y le solicitó así mismo que la Junta extendiera la moratoria dispuesta en PROMESA por 75 días, hasta el 1ro de mayo de 2017.
“Entendemos que la nueva administración comparte con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en el esfuerzo de implantar las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carrión.
