Por Luisa García Pelatti
Ninguna agencia del Gobierno podrá realizar transacciones financieras sin consultar con la Junta de Control Fiscal, decidieron sus miembros durante la segunda reunión, que se llevó a cabo el viernes en Nueva York. Es la primera orden de la Junta: cualquier transacción que afecte la condición financiera de las agencias deberá ser aprobada por la Junta, anunció, con el gobernador Alejandro García Padilla sentado a la derecha de José Carrión.
Los miembros de la Junta se refirieron expresamente la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC). La Junta de Directores de COSSEC propuso realizar un intercambio de bonos del Gobierno en manos de cooperativas por acciones preferidas emitidas por COSSEC. Desde varios sectores se califica la transacción como una maniobra contable, cuyo único objetivo es “salvarle el pellejo” a las cooperativas, que tienen más de $1,000 millones en inversiones en bonos del Gobierno (en su mayoría del Banco Gubernamental de Fomento) y habrían generado una pérdida “no realizada” de más de $500 millones. Las cooperativas tenían $472 millones en capital en septiembre de 2015. COSSEC deberá ahora pedir autorización a la Junta, que con dos banqueros sentados a la mesa, quizás no se sientan inclinados a aprobar la transacción.
Por otro lado, varias corporaciones públicas deberán entregar planes fiscales individuales a la Junta, entre ellas la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), COSSEC, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y la Universidad de Puerto Rico (UPR). La Junta le ofrecerá al Gobernador una agenda para recibir y aprobar los planes.
La junta presentará, no más tarde del 21 de este mes, su posición en torno a las demandas pendientes ante el juez Francisco Besosa sobre la petición de no mantener la paralización de las demandas de los acreedores para el pago de la deuda. Por otro lado, dijo que está buscando director ejecutivo y que tiene hasta el 15 de enero para hacerlo, con lo que da entender que no es un asunto prioritario para la Junta. A lo que sí parece que darán prioridad es a la contratación de un asesor legal y una firma de consultoría. La próxima semana publicarán las solicitudes de propuestas.
La agenda de la Junta incluyó la aprobación de las minutas de la primera reunión; contestar algunas de las preguntas que los ciudadanos han enviado (una respuesta por cada uno de los siete miembros con voto); y realizar tres enmiendas técnicas a su reglamento. Los ciudadanos piden la traducción de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que publicarán cuando estén disponibles. La Junta también dijo que espera tener pronto una persona que atienda a los medios de comunicación.
La Junta hizo referencia a la solicitud que hizo al Tribunal Federal para obtener una prórroga de 14 días antes de que tome una decisión sobre cuatro demandas que han solicitado dejar sin efecto la protección temporera contra litigios que establece la Ley PROMESA. Según José Carrión, presidente de la Junta, manifestó que “está evaluando si interviene”. Espera presentar su posición ante el tribunal en o antes del 21 de octubre.
Esta es la segunda reunión pública de la Junta, pero rechazaron aceptar preguntas del público, aunque no faltaron las protestan del público. “¿Dígannos cómo van a proteger al pueblo de Puerto Rico?”, “Les debe dar vergüenza”, gritaban dos manifestantes, que fueron sacados de la reunión.
Unas 8,000 personas vieron la primera reunión por Internet, unas 14,000 siguieron la segunda. La próxima reunión se celebrará en Puerto Rico en el mes de noviembre, en un fecha que se anunciará.
