Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal apuesta por negociar con los acreedores una reducción de la deuda (Título VI de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, por sus siglas en inglés), en lugar de iniciar un proceso de quiebra bajo el Título III que requiere la intervención de los tribunales, como proponía el Gobierno.

“Hoy comenzamos conversaciones consensuales con los acreedores para llegar a un acuerdo a través del título VI”, comentó José Carrión, presidente de la Junta, durante una conferencia telefónica en la que también estuvieron Ana Matosantos y José R.González. Reveló que ya han mantenido conversaciones informales con los bonistas.

El Título VI de Promesa permite la negociación voluntaria de la deuda para alcanzar un acuerdo con la mayoría de los acreedores que afectaría a todos los bonistas.

“La Junta de Supervisión Fiscal expresó hoy que aspiran a ‘hacer lo correcto con la comunidad de acreedores’ mediante una renegociación voluntaria de la deuda bajo el Titulo VI de PROMESA.  Esta pretensión es incompatible con las expresiones de la propia Junta tan reciente como hoy, pues con sus cálculos validó nuestros reclamos sobre la precariedad de la situación fiscal de Puerto Rico.   Su cálculo de un déficit de $67 billones en los próximos 10 años demuestra que una reestructuración abarcadora bajo el Titulo III de PROMESA es inevitable”, señaló el gobernador Alejandro García Padilla.

“Si Puerto Rico no busca la protección del Título III antes de que termine la paralización de las demandas el 15 de febrero de 2017, el gobierno se quedará sin dinero y los servicios esenciales se verán severamente afectados.  Confío en que el nuevo gobierno se opondrá a cualquier esfuerzo a través del Título VI, buscará una restructuración abarcadora de toda la deuda bajo el proceso ordenado de quiebra que dispone el Título III y apoyará nuestro plan fiscal que protege a los pensionados, a los empleados públicos y a la Universidad de Puerto Rico.  Yo seguiré firme en poner a los puertorriqueños por encima de cualquier otra consideración, hasta el último día de mi mandato”, añadió.

La Junta quiere tener aprobado un plan fiscal para el 31 de enero y para adelantar el proceso le dio al Gobierno entrante algunas pautas de lo que debe contener ese plan fiscal. “Le proveemos un número y algunas recomendaciones que le van ayudar”, dijo Carrión. “Pero la decisión de qué poner específicamente la tomará el gobernador electo”, aclaró. “La ley exige que se atienda la crisis fiscal primero”, antes de negociar la deuda.

La Junta hace algunas recomendaciones sobre qué privatizar: la Autoridad de los Puertos y el Fondo del Seguro del Estado, aunque puede haber otros y sobre posibles proyectos de alianzas público privadas. Carrión comentó que sus recomendaciones no piden necesariamente despidos, pero aclaró que “se está analizando todos para ver cómo podemos cuadrar las finanzas”.

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Por otro lado, la Junta va a contratar a un experto que valide la cantidad real del déficit y cuando la tenga “haremos una presentación a los accionistas posiblemente en Nueva York o lo que sea mejor estratégicamente. Comenzaremos un tour para escuchar”, indicó Carrión.

Los miembros de la Junta no quisieron decir si consideran extender la ley de moratoria. “Lo que precipita el final es eso (el vencimiento de la moratoria) y una de las opciones es trabajar con la estructura del final de moratoria. Hay diferentes opciones. Lo que precipita el problema de que hay que pagar”, explica Ana Matosantos, aunque no detalló cuáles son las opciones que barajan. “No hemos tomado una decisión de cuál va a ser el próximo paso”.