Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal mostró su preocupación ante dos medidas legislativas que tienen efectos fiscales negativos. Se trata de el fondo municipal de emergencia que otorga $100 millones a los municipios y la Ley 119, que creaba un programa para las escuelas libre de drogas y armas. Ambas medidas no han sido certificadas por la Junta. Bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), las medidas legislativas de índole presupuestarias tienen que ser aprobadas por la Junta de Control Fiscal.
Mediante cartas, la Junta notificó la no certificación del Proyecto del Senado 774 que crea un fondo de apoyo municipal ante la emergencia de $100 millones. Dicha medida fue radicada por el gobernador el 8 de diciembre disponiendo que la distribución de los fondos se haría por la AAFAF tomando en consideración criterios objetivos como el nivel de gasto para responder a la emergencia y la merma de ingresos.
La medida sufrió cambios en la Asamblea Legislativa y se aprobó eliminando las disposiciones que imponían criterios de evaluación para la asignación por parte de AAFAF. Según aprobada la medida, el fondo de $100 millones sería distribuido por la Asamblea Legislativa mediante resolución conjunta.
La Junta determinó que la medida no era certificable porque no identificaba los fondos presupuestarios, la medida según aprobada no estaba atada a criterios de ingresos y liquidez de los municipios, y no es una medida de último recurso luego de buscar fondos federales.
En su misiva, la JSF recomienda varios cambios para su certificación como adelantar los fondos del subsidio aprobados en el presupuesto corriente, identificar criterios objetivos para el desembolso a los municipios como pérdida de ingresos, buscar opciones para acceder primero a los fondos del programa federal de Community Disaster Loans, que el programa sea uno de préstamos en lugar de subvención, identificar la cuenta del fondo general de la cual se financiará el programa y establecer criterios de transparencia en la otorgación de los fondos como solicitar una certificación de AAFAF u otra agencia fiscal para asegurar las necesidades de los municipios.
“Sobre este proyecto, el gobernador nos ha instruido para trabajar los cambios necesarios para atender esos señalamientos de la JSF para darle esa ayuda a los municipios a la brevedad posible”, concluyó Gerardo Portela Franco.
Por otro lado, la Junta notificó que la Ley 119 de 2017 no podía ser certificada por tener inconsistencias con el Plan Fiscal aprobado, explicó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela Franco.
El 15 de noviembre de 2017, la gobernadora interna, Wanda Vázquez —a petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares— impartió un veto al Proyecto del Senado 43 aprobado por la Asamblea Legislativa que creaba un programa de para las escuelas libre de drogas y armas. Aunque el gobernador coincidía con los propósitos y fines de la medida, según fue redactada, tenía impacto fiscal. El 27 de noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la medida dejando sin efecto el veto del ejecutivo y convirtiéndola en la Ley 119 de 2017.
Ante esto, el director de AAFAF señaló que la intención del gobernador es trabajar junto al liderato legislativo una medida para lograr los fines originales maximizando los fondos federales bajo los programas actuales del Departamento de Educación.
