Por redacción de Sin Comillas

Tras reunirse con los líderes del Senado, la Cámara de Representantes y la secretaria de Hacienda, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, sigue teniendo preocupaciones con el proyecto de reforma contributiva aprobado en la Legislatura. Jaresko cuestiona la tardanza en aprobar la legislación, los cambios realizados y la falta de información. “Tarde anoche y justo antes de llegar aquí hoy, recibimos la mayoría de la información que nuestro equipo ha solicitado para calcular los costos de las iniciativas incluidas en el proyecto enmendado”.

El Plan Fiscal Certificado requiere que cualquier cambio contributivo sea neutral para el fisco, o sea, toda reducción contributiva tiene que venir acompañada de ingresos equivalentes. “La legislación propuesta aprueba las reducciones contributivas, a la vez que las iniciativas que las pagarían, y lo hace de forma muy tardía en el año calendario, creando un riesgo adicional a la neutralidad requerida. Por lo tanto, estamos solicitando medidas de confianza adicional para las iniciativas que garantizarían esa neutralidad”.

La Junta esperaba que la legislación sobre la reforma contributiva se atendiera en el verano de este año. Desde entonces, muchas disposiciones del proyecto de ley han cambiado significativamente. “Muchas de nuestras preocupaciones vienen de la tardanza en implementación y de los cambios al proyecto de ley, los cuales reducen nuestra confianza en la habilidad del Gobierno de Puerto Rico para lograr los ingresos antes de poder costear los créditos contributivos y las reducciones en tasas”.

La Junta plantea que el lenguaje propuesto en los acuerdos de cierre tiene que ser más limitado para que no se cree una deficiencia de ingresos. “Acordamos un lenguaje con el Gobierno de Puerto Rico en los primeros meses de este año”, pero la legislación propuesta hace cambios que añade nuevos riesgos, por lo que la Junta ha pedido que se vuelva a incluir el lenguaje acordado con el Gobierno previamente.

“También discutimos nuestra preocupación de que la propuesta de la videolotería presenta un riesgo de canibalizar otros ingresos incluidos en el Plan Fiscal, en particular los ingresos de juegos de azar, afectando potencialmente a la Universidad de Puerto Rico y la Compañía de Turismo”,  explicó Jaresko.

“Aún hay áreas del proyecto de ley que nos preocupan en relación con la política pública, y es nuestro deber hablar de ello. Iniciativas contributivas como éstas no sólo tienen repercusiones fiscales, sino que tienen implicaciones económicas a largo plazo, ya que definen nuestra competitividad hacia el futuro. Tenemos que estar pensando más ampliamente en implantar una reforma contributiva que haga a Puerto Rico más competitivo y mejore sus ingresos, simplificando el sistema contributivo, reduciendo la carga de cumplimiento para individuos y negocios, y promoviendo desarrollo económico”, añadió la directora ejecutiva de la Junta.