Según el proyecto aprobado, el Gobierno pagará las indemnizaciones de los trabajadores del sector privado que sean despedidos entre 2019 y 2021.

Por redacción de Sin Comillas

“Socializar: Transferir al Estados o a otro órgano colectivo, algo de propiedad privada, especialmente un servicio o un medio de producción”. Eso es lo que ha ocurrido con la Ley 80. La Cámara de Representantes ha incorporado una enmienda que crea un fondo de $100 millones que se encargará de pagar las indemnizaciones de los empleados des sector privado despedidos sin justa causa. La Junta de Control Fiscal parece estar de acuerdo.

“La Junta de Supervisión le da la bienvenida a la legislación que enmienda la Ley 80, aprobada por la Cámara de Representantes”. Estas fueron las primeras declaraciones tras conocerse la aprobación del proyecto que enmienda la Ley que otorgaba indemnizaciones a los trabajadores del sector privado despedidos sin justa causa.

La declaración de la Junta se producen tras conocerse que la Cámara de Representantes aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado 1011 sobre la Ley 80 (Ley de Despido Injustificado).

“Entendemos que es un paso importante hacia un ambiente de negocios dinámico que promueva la creación de empleos, atraiga nueva inversión e impulse el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Esperamos por la pronta resolución de este asunto en la Legislatura de manera consistente con el Plan Fiscal Certificado el 30 de mayo de 2018”, señala la Junta en declaraciones escritas.

La Junta no hace referencia a la incorporación de una nueva enmienda que crearía la “Ley del Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reingreso al Ámbito Laboral” con $100 millones que se utilizarán para indemnizar a los trabajadores del sector privado despedidos sin justificación.

Según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la medida “cumple con el acuerdo” con la Junta. “Hemos tenido una discusión profunda con la Legislatura y con los miembros de la JSF para asegurar el bono de Navidad de todos los trabajadores en Puerto Rico, las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados en el sector privado y los fondos necesarios para los municipios, la Universidad de Puerto Rico y para nuestro desarrollo económico”.

Asimismo, Rosselló Nevares añadió que “en el camino, hemos podido trabajar un fondo de compensación para los trabajadores que dejarán de tener disponible los remedios de la Ley 80 y una posposición de esos efectos hasta junio del año 2021 para los empleados que tienen 15 años o más”.

Rosselló dijo que es necesario cumplir con el acuerdo alcanzado por su Administración con la Junta. Según discutido con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, la medida ahora incluirá un Fondo de Compensación para otorgar hasta $9,500 a cada empleado despedido injustificadamente. Este fondo se nutrirá de $100 millones de los $345 millones de la asignación multianual para desarrollo económico contenida en el acuerdo entre la Junta y el gobernador.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario, explicó que “este fondo será de $100 millones hasta el año 2021 para compensar a empleados que tienen 15 años o menos en su empleo. En sustitución de la mesada dispuesta en la Ley 80, los empleados despedidos tendrán una ayuda directa de hasta $5,000 para sustituir el salario dejado de devengar tras un despido injustificado y un vale de $4,500 para costear el salario del primer año en su nuevo trabajo”. 

Además, Rosario Cortés añadió que “el fondo estará disponible incluso para empleados que hoy no tienen protección bajo la Ley 80 cuando su despido ocurre por cierre, restructuración o pérdida de ganancias del patrono. Además, para los empleados con más de 15 años en su empleo, la protección de Ley 80 estará disponible hasta el año 2021 como medida transicional al nuevo sistema de empleo a voluntad que opera en 49 de los 50 estados de la Nación”.

El Gobernador señaló que continuará su diálogo con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y con la delegación mayoritaria de ese cuerpo para lograr aprobar la medida que asegura los beneficios garantizados en el acuerdo con la Junta.