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Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal radicó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una Demanda de Sentencia Declaratoria e Interdicto para hacer cumplir el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico.
En el recurso, la Junta le pide al tribunal que declare que: el Plan Fiscal para Puerto Rico tal cual fue certificado por la Junta bajo PROMESA incluye sus Enmiendas (incluyendo las enmiendas que requieren (1) un programa de reducción parcial de jornada si ciertas metas no se cumplen y (2) una reforma de pensiones); las Enmiendas son disposiciones mandatorias y obligatorias del Plan Fiscal para Puerto Rico; y el Gobernador tiene que cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico en su totalidad, incluyendo sus Enmiendas. La Junta también le pide al tribunal un interdicto prohibiéndole al Gobernador rehusarse a cumplir con y hacer cumplir el Plan Fiscal para Puerto Rico (incluyendo sus Enmiendas) o de otro modo tratar las Enmiendas como si no fueran parte del Plan Fiscal.
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
“El pasado 13 de marzo, la Junta certificó el Plan Fiscal para Puerto Rico para alcanzar casi $40,000 millones en reducción del déficit a largo plazo mediante aumentos en ingresos y medidas de ajuste al sector público, al tiempo que se comienza el difícil trabajo de reestructurar la insostenible deuda de $74,000 millones que la Isla le adeuda a sus acreedores. El plan incluye metas claras y específicas a ser monitoreadas de cerca por la Junta”, añadió Jaresko.
“La situación financiera de Puerto Rico no se deterioró de la noche a la mañana y arreglarla va a ser difícil, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Continuaremos trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para ejecutar el Plan Fiscal certificado que logre sustentabilidad financiera y mejore el bienestar económico del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Jaresko.
Reacciona el Gobernador
“Nuestra Administración ha sido clara en que una reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es innecesaria debido a que el Gobierno de Puerto Rico ha logrado los ahorros certificados por la propia Junta de Supervisión Fiscal, ha comenzado la implementación de las reformas necesarias y está encaminado al cumplimiento del Plan Fiscal certificado por el propio organismo federal. Además, la reducción de jornada laboral propuesta tendría un efecto adverso en la economía de la Isla, lo que representa una contradicción con el objetivo común de la Junta y el Gobierno: facilitar el desarrollo económico de la Isla”, declaró el gobernador Ricardo Rosselló.
“En el día de hoy, la Junta de Supervisión Fiscal recurrió al Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico para que valide las medidas que intenta imponer unilateralmente al Plan Fiscal certificado. Sin embargo, recordamos que la Sección 205 de la Ley federal PROMESA otorga discreción al Gobierno de Puerto Rico de no adoptar recomendaciones inapropiadas del organismo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos”.
“Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico tienen diferencias sobre este tema, pero confío en que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, nuestra Administración seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica de la Isla, además de lograr las economías necesarias y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”.
Por su parte, Eduardo A. Bhatia, líder del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, comentó que la demanda pone al descubierto lo contradictorio de las aseveraciones del Gobernador. “Del documento se desprende que durante la reunión pública en la que la Junta certificó el Plan Fiscal presentado por el Gobernador, ni éste ni su entonces representante ante el ente fiscal Elías Sánchez, se opusieron a la reducciones en jornada laboral y pensione”.
“Debe quedar claro que la Ley PROMESA provee 90 días a partir de la certificación del Plan Fiscal para que el Gobernador presentara oportunamente su oposición a estas o cualquier otra enmienda al Plan. Esto nunca pasó. No fue hasta 142 días luego de la certificación que el Gobernador, sabiendo que estaba fuera de término, expresó formalmente una postura distinta ante la inminente reducción de jornada”, añadió Bhatia.
Y añadió que “resulta insólito que todo este debate se de en un vacío pues el Gobernador ha reiterado en varias ocasiones que han alcanzado los ahorros requeridos, sin embargo, no ha presentado datos que validen esta información. Reitero por el bien de Puerto Rico que será imposible salir de la quiebra mientras exista una carencia de credibilidad en el Gobernador y su equipo de trabajo”.
