Foto: Sin Comillas

El nuevo Plan Fiscal certificado elimina el bono de Navidad de los empleados del Gobierno, otorga menos fondos para infraestructura y municipios y recortes mayores en los gastos del gobierno.

Por Luisa García Pelatti

Ante la negativa de la Legislatura para derogar la Ley de Indemnización por Despidos sin Justa Causa (Ley 80), la Junta de Control Fiscal realizó cambios al Plan Fiscal del Gobierno certificado el 19 de abril y lo re-certificó, dejando sin efecto el Plan re-certificado el 31 de mayo, que incluía los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

El nuevo Plan Fiscal certificado elimina el bono de Navidad de los empleados del Gobierno, otorga menos fondos para infraestructura y municipios y realiza mayores recortes en los gastos del gobierno.

La Junta esperaba en la tarde del viernes que la Legislatura sometiera el presupuesto del año fiscal 2019 para considerarlo y saber si cumple con el Nuevo Plan certificado. Si no cumple, la Junta certificará un presupuesto para el Gobierno, la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), antes del 1 de julio de 2018.

No se harán recortes en el presupuesto de la Oficina de Etica y la Oficina del Contralor. El presupuesto de la Policía tendrá un recorte moderado. Mientras tanto, el presupuesto de la Legislatura se recortará un 21%, de $134.9 millones a $111.2 millones, una reducción de $23.7 millones para el próximo año fiscal 2019.

La reducción será de 32% o $82.1 millones en el año fiscal 2023. En la rama judicial el presupuesto disminuirá 10% y la rama ejecutiva un 14%. No se hacen cambios al presupuesto de la Junta de Control Fiscal.

La Junta lamentó que el Gobierno no haya mantenido el acuerdo mediante el cual se comprometía a no modificar los presupuestos de la Legislatura, la Oficina de Asuntos Federales y la Oficina de la Comisionada Residente y no se eliminará el bono de navidad para empleados públicos durante los años fiscales 2019-2023 a cambio de dejar sin efecto la Ley 80.

“Llegamos a un acuerdo con el Gobernador para proveer recursos para importantes inversiones. El acuerdo hubiera hecho la educación en la Universidad de Puerto Rico más alcanzable para estudiantes de bajos ingresos, hubiera provisto recursos para el bono de Navidad para los trabajadores, hubiera provisto para proyectos de infraestructura que propiciaran el crecimiento económico, así como hubiera establecido el fundamento crítico para la reestructuración de la deuda y las obligaciones de pensiones. Aunque estamos decepcionados por el hecho de que el acuerdo no se aprobó, reconocemos que ese hecho no cambia ni nuestro mandato ni la realidad que enfrenta Puerto Rico”, dijo Ana Matosantos a nombre de toda la Junta.

José Carrión, presidente de la Junta, defendió la necesidad de derogar la Ley 80, junto con otras reformas laborales, indicando que eso generaría un crecimiento económico de 0.8%. Sin eso, el crecimiento será de 0.3%. “Ahora la situación está relativamente bien porque está el ‘stay’ y porque estamos recibiendo fondos federales. Pero esa va a cesar”.

El Nuevo Plan Fiscal revierte a algunas de las medidas originales contenidas en el Plan Fiscal certificado el 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del gobierno que harán al sector público más eficiente y menos costoso. El Plan Fiscal mantendrá todas las otras reformas estructurales críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la Isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleos. Éstas incluyen reformar el sector energético para proporcionar electricidad confiable y a un costo razonable a residentes y negocios, la implementación de un Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) y programas de beneficencia por trabajo (welfare to work), así como reformas medibles para facilitar los negocios, entre otras iniciativas fiscales importantes.

Además de las enmiendas al Plan Fiscal del Gobierno, la Junta también hizo cambios técnicos al Plan Fiscal de la UPR y al Plan Fiscal de la ACT.

La Junta también anunció que ajustará la proyección de ingresos en el Plan Fiscal después del final del presente año fiscal 2018 una vez se hayan reportado los ingresos actuales.

En el nuevo Plan Fiscal certificado, el sobrante primario para el pago de la deuda pública se reduce de $40,000 millones a $14,000 millones en un plazo de 30 años.