Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal aprobó, con seis votos a favor y uno en contra, el Plan Fiscal que ellos mismos elaboraron. Entre otras cosas, el Plan Fiscal incluye una reforma laboral y un recorte promedio de 10% en las pensiones, medidas a las que se opone el Gobernador Ricardo Rosselló.

Los Planes Fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se aprobaron por unanimidad.

El voto en contra fue de Ana Matosantos, que considera que las medidas de austeridad afectarían adversamente a la población. “Es demasiado dolor para poca promesa”. Otros miembros (José R. González, David Skeel y Arthur González), al momento de dar su voto a favor, expresaron preocupaciones de que el plan no logre su objetivo si no logra implementarse.

El Gobernador aseguró en una conferencia de prensa de prensa que la Legislatura “no le darán paso” a proyectos que tienen que ver con aspectos de la reforma laboral y el recorte de las pensiones contenidos en el Plan Fiscal. Defiende que esos son temas de política pública que le competen exclusivamente al Gobierno.

Durante la conferencia de prensa posterior a la vista, José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal, señaló que en caso de que el Gobierno se niegue a implementar aspectos del Plan Fiscal aprobado, “estaremos cumpliendo con nuestro deber bajo la ley federal. Esperamos que el Gobierno y la Legislatura cumplan con el mandato de la ley”. Si eso no ocurriera “tendríamos que consultar a los abogados”. “No queremos litigar, sería un costo adicional para el pueblo de Puerto Rico”.

El Plan Fiscal certificado cubre un periodo de seis años fiscales – del 2018 al 2023 – toma en consideración más de $50,000 millones en asistencia federal que se espera se provea a Puerto Rico para esfuerzos de reconstrucción y recuperación luego del paso de los huracanes Irma y María.

El Plan subraya que las reformas estructurales incluidas en el plan son fundamentales para lograr crecimiento económico. “Si se implantan, se proyecta que estas reformas estructurales resultarán en un crecimiento anual, real y sostenible, del Producto Nacional Bruto de 1.8% para el año fiscal 2023, lo que equivaldría a unos $80,000-$90,000 millones adicionales en ingresos para el Gobierno a través de 30 años”, explica la Junta.

Las reformas incluyen:

  • Una reforma laboral para aumentar la participación laboral actual de 40%, que incluye la eliminación del Bono de Navidad y los días de vacaciones y enfermedad.
  • Reforma para mejorar el clima de hacer negocios: mejorando el pago de impuestos, el registro de la propiedad y el proceso de permisos.
  • Reforma del sector de energía: proveer energía más costo-efectiva con una meta de costo no mayor de 20 centavos kWh mediante la transformación de la AEE y un regulador independiente de energía.
  • Reforma de infraestructura: mejorar y modernizar la infraestructura y los esfuerzos a largo plazo de identificación de capital, así como maximizar el impacto de la ayuda federal para desastres.
  • Reforma abarcadora de pensiones.