Foto: Sin Comillas

Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal aprobó la reducción de la jornada laboral de la mayoría de los empleados del Gobierno. La reducción sería de dos días al mes y entraría en vigor el 1 de septiembre y duraría durante todo el año fiscal 2018, pero el Gobierno ha decidido desafiar a la Junta y no pondrá en marcha la reducción de jornada porque cree que no es necesaria.

Durante la reunión, la novena que celebra la Junta, pidió la reducción de dos días al mes en la jornada de los empleados públicos (excepto policías) para ahorrar al menos los $218 millones. La Junta cumple así la advertencia que le había hecho cuando se certificó el plan fiscal, aunque en ese momento anticipaba un recorte de cuatro días al mes.

El Gobierno, representado en la Junta con Christian Sobrino, defiende que ellos son los que establecen la  política pública, no la Junta, y por lo tanto se niegan a implantar el recorte, “no va a haber reducción de jornada” y notificarán el asunto al Congreso y al presidente de Estados Unidos.

El gobernador Ricardo Rosselló, en un mensaje televisado, dijo: “no acepto, ni pondré en ejecución” la medida. “Representaría un golpe de meas de $340 millones a nuestra economía”. La reducción de la jornada “no se justifica ni es necesaria”.

“Nos requirieron que demostráramos la capacidad de tener una reserva en el Departamento de Hacienda de $291 millones al cierre del año fiscal. No solamente cumplimos con esa reserva, sino que para el 30 de junio el balance en caja en el Departamento de Hacienda ascendió a $1,799 millones; esto supera dramáticamente lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta”, expresó Rosselló Nevares.

Los representantes de la Junta señalan que el tema deberá dilucidarse en los tribunales, mientras que desde el Gobierno se confía en que “se imponga la cordura”.

La Junta explicó que el bono de Navidad no se modifica, de momento, pero contempla hacer cambios en septiembre. Recordemos que entre las recomendaciones previas de la Junta está la eliminación del bono de Navidad para los empleados del Gobierno.

La Junta también se aprobó una reducción de 10% en las pensiones de los empleados del Gobierno, una medida en la que tampoco está de acuerdo el Gobierno. “Hay una medida en la Legislatura y se va seguir llevando el proceso legislativo hasta que se apruebe. El recorte de 10% no va por ahora”, aseguró Sobrino.

Por otro lado, en la reunión, la Junta anunció la creación de un “Central Treasury Manager”, una especie de super secretario de Hacienda, un nombramiento que tomó por sorpresa al Gobierno. Sobrino dijo que están evaluando la legalidad de la medida, que no estaba en la agenda de la reunión, divulgada previamente.

Se aprobó, además, el plan fiscal de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), con enmiendas, que incluyen enmendar la Ley Orgánica de COSSEC para crear un comité que prevalecerá sobre la junta de COSSEC y que permitirá la venta o liquidación de algunas cooperativas.

La Junta también autorizó la creación de un comité compuesto por Arthur J. González, Ana Matosantos, David A. Skeel y José Carrión para investigar la deuda pública.

En la reunión estuvieron presentes sólo cuatro de los siete integrantes de la Junta: José Carrión, Ana Matosantos, Andrew G. Biggs y Carlos García. David A. Skeel y Arthur J. González siguieron la reunión por teléfono y, por primera vez se ausentó uno de los miembros, José R. González. En la primera reunión de la Junta, González se ausentó de la reunión durante la aprobación de varias medidas.