Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal no espera “sorpresas” en la entrega de los documentos que le ha solicitado al Gobierno. Confía en que se cumplan los plazos porque la comunicación es “muy buena”. La ley, dice José Carrión, presidente de la Junta, es clara: sólo se puede otorgar una extensión y ese cartucho ya lo quemó el gobernador Ricardo Rosselló al solicitar el aplazamiento de la entrega del plan fiscal hasta el 28 de febrero.

Y cuando la Junta dice que no espera sorpresas se refiere no solo a que se cumpla con las fechas límites establecidas, sino también con los parámetros (Presentación de los objetivos y parámetros del Plan Fiscal).

“Lo principal es la certificación del plan fiscal. El Gobierno trabaja para hacernos llegar el plan fiscal”, señaló Carrión y aclara que el Gobierno es el que decide la política pública, es el que decide qué gastos se deben cortar. Lo que la Junta hace es dar unos parámetros para llegar a un presupuesto balanceado.

Tampoco se podrá extender la paralización de las demandas contra el Gobierno por parte de los acreedores, que vence el 1 de mayo. “Los acreedores tendría que llegar a un acuerdo antes de que termine el stay”, de lo contrario, explica Carrión, “nos reservamos el derecho de utilizar el Título III”.

Durante la mesa redonda con periodistas que cubren temas económicos, Carrión se percató de que no le han pedido al Gobierno el informe de Análisis de Incentivos que requiere la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).