Por redacción de Sin Comillas
Si el Gobierno federal decide defender la constitucionalidad de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que fue puesta en cuestión por el fondo de inversión Aurelius Capital Management, debe informarlo en o antes del 6 de octubre y presentar un recurso en o antes del 5 de noviembre. Cualquier reacción deberá someterse en el tribunal antes de cinco días, señaló a jueza Laura Taylor Swain en una orden (158023666387-rep-1708032628) presentada el jueves.
Según Aurelius Capital Management la creación de la Junta de Control Fiscal viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos porque no han sido confirmados por el Senado. Además, seis de los siete miembros fueron seleccionados por el Congreso, lo que asegura, viola el principio de separación de poderes.
Por otro lado, la jueza denegó la petición de Aurelius Capital Management de levantar la paralización automática de demandas contra el Gobierno de Puerto Rico.
