Por redacción de Sin Comillas

Los intereses de las compañías de combustibles continúan controlando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como lleva ocurriendo desde hace décadas. El recién aprobado Plan Fiscal no modifica esos comportamientos, advierte el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEAF).

Un informe del IEEAF ha examinado la historia de la relación contractual entre AEE y las compañías petroleras con las que hace negocios; las lecciones aprendidas del proceso de adquisición y presupuesto en cuestión; y cómo los esfuerzos de reformar el proceso  han fallado hasta ahora.

Aunque la debilidad de la agencia en los procesos de adquisición y contratación es clara, destaca el informe, no fueron abordados en la recién aprobada ley de privatización diseñada para transformar la AEE.

En su lugar, la nueva ley y otras reformas proveen una apertura nueva para que intereses de combustibles fósiles externos continúen efectivamente controlando AEE.

A pesar del hecho de que el actual plan fiscal de AEE, recién certificado por la Junta de Control Fiscal ve la sobre-dependencia de los combustibles fósiles como insostenible financieramente, las reformas operacionales propuestas por la Legislatura y el gobernador solo perpetúan procesos presupuestarios y de contratación inexplicables. “Estos procesos están atados a intereses petroleros globales instigados por políticos de Washington que han consistentemente actuado contra los intereses de Puerto Rico”.

Los principales hallazgos del informe indican que:

  • De 2002 a 2014, la AEE pagó sobre $23,000 millones en gastos de combustible, lo que representa entre 39% y 61% de los gastos operacionales anuales de la AEE.
  • La Oficina de Combustible de AEE jugó un papel fundamental en el esquema que pagó a suplidores de petróleo al precio máximo por combustible de pobre calidad. El esquema, que comenzó a aflorar hace más de una década en una auditoría de la Oficina del Contralor, ha recibido escasa atención pública.
  • Plan Fiscal certificado identifica como meta una reducción de entre 20% y 25% en combustible ($400-$500 millones anuales). La página 51 busca lograr reducciones de costos a largo plazo mediante la reconfiguración de los activos operacionales de AEE y aumentar la inversión en energía renovable de bajo costo.
  • Las páginas 12, 20, 26, 82, 84, 88 y 90 muestran cómo los propuestos procesos de planificación enfatizarán en energía renovable y proveerán una mezcla de nuevas estrategias planificadoras a ser probadas por el proceso de PIR. En documentos diferentes, esta oficina también se le refiere como la Oficina de Compra de Combustible
  • El escándalo en cuestión, a pesar de que se puede rastrear muchos años atrás, tiene implicaciones significativas hoy, especialmente respecto a las reformas administrativas necesarias para reconstruir la AEE.
  • Ni la AEE, ni La Junta de Control Fiscal, ni el gobernador han atendido estos problemas.
  • Una importante revisión del Senado de Puerto Rico en 2016 logró muy poco. Desde entonces, los esfuerzos por reformar las políticas de compra de la AEE en general han sido superficiales y fueron iniciadas después que el escándalo de Whitefish Energy creó una ola de indignación pública.
  • Ni el recién certificado plan fiscal ni el presupuesto del año fiscal 2019 de AEE mencionan las muy necesitadas reformas a la Oficina de Combustible de la Autoridad.
  • Los esfuerzos de auditores y empleados de AEE para exponer el esquema de compra de combustible en cuestión han sido suprimidos.
  • El informe del Senado y una demanda de clase de los clientes contra la AEE y las compañías petroleras están llenos de ejemplos de acciones dirigidas a limitar la exposición y prevenir que se adopten remedios.
  • Los líderes de AEE y otros funcionarios de gobierno han demostrado un patrón persistente de conducta que perjudica el mejorar la fiscalización de AEE.
  • La recién adoptada ley de privatización de AEE no resuelve ninguno de los problemas persistentes de mala administración fiscal. Fracasa al no requerir procesos estrictos de negociación de contratos para prevenir la corrupción y falla en reformar de forma adecuada los procesos mediante los cuales la administración de AEE y los reguladores de la utilidad en Puerto Rico están expuestos a la interferencia política. No prioriza la energía renovable para inversiones de capital, a pesar del papel crítico que las renovables tienen en ayudar a convertir la AEE en solvente.

“El gobierno no puede avanzar, mucho menos prosperar, sin un sistema eléctrico accesible y confiable. La historia de mala administración y corrupción de la AEE— los ejemplos más evidentes se pueden ver en las operaciones de la Oficina de Combustible de la agencia y en el esquema de compra de petróleo descrito en este informe— sigue siendo el impedimento mayor para su éxito y su habilidad de mantener acceso a los mercados de capital”, señala.

La AEE actualmente debe más de $8,000 millones a los bonistas que pueden tener base para sus reclamaciones por daños causados por la mala administración y corrupción de AEE que describe el informe.