Por Luisa García Pelatti

La Junta de Control Fiscal informó en la noche del martes que, aunque la mayoría del presupuesto propuesto está en cumplimiento con el Plan Fiscal, hay áreas que no cumplen, por lo que solicitan al Gobierno y la Legislatura que corrijan el presupuesto.

Los cambios tienen que hacerse antes de las 5 de la tarde del jueves, 29 de junio. Si no se hacen los cambios, la Junta presentará su propio presupuesto, que podría incluir una reducción de jornada laboral y reducción o eliminación del bono de Navidad que se pondría en vigor el 1 de septiembre.

La Junta envió al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes, con copia al Gobernador, una Notificación de no cumplimiento a la Legislatura porque el Presupuesto Propuesto “incluye gastos en algunas áreas que son inconsistentes con el Plan Fiscal y no son conformes con las directrices de la Junta”.

El Presupuesto Propuesto incluye gastos en exceso y gastos no elegibles en tres categorías que totalizan aproximadamente $119 millones, explica la Junta.

  • Hay que reducir el gasto de la Legislatura, que aumentó de los $131 millones en el presupuesto inicial presentado a $147 millones. Los $16 millones adicionales se añadieron “sin el mismo rigor o revisión que otros componentes del Presupuesto Propuesto y, en algunos casos, parecen duplicados de otros gastos ya asignados a la rama legislativa”. La Junta exige que se vuelva a los $131 millones.
  • Hay que eliminar $78 millones en gastos que se añadieron al presupuesto como parte de Resoluciones Legislativas, que incluyen gastos adicionales en nóminas, gastos de operación, subsidios a municipios, gastos en actividades deportivas y asignaciones para entidades previamente financiadas por otras fuentes. La Junta considera que el gasto en estas áreas es una violación ya que depende de fuentes inapropiadas de ahorro, incluida la eliminación de la reserva presupuestaria obligatoria del 1% requerida, para financiar estas asignaciones incrementales. Este gasto adicional se debe eliminar en su totalidad.
  • Hay que reducir $25 millones en asignaciones y gastos especiales. La Junta había pedido una reducción de $30 millones en los gastos de esta categoría, que incluye asignaciones para subsidiar varias industrias, asociaciones de alcaldes, maratones y festivales, entre otros, pero sólo se han logrado $5 millones.
  • Las medidas de ajustes son insuficientes. El Presupuesto Propuesto no provee adecuadamente por lo menos $200 millones en reformas específicas requeridas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental. De esa cantidad, sin embargo, al menos $200 millones de ahorros potenciales carecían de planes específicos de implementación que demuestren los tipos de reformas operacionales y estructurales a nivel de agencia necesarias para reducir el tamaño del gobierno y eliminar los servicios no esenciales.
  • Corregir error técnico. Cuando se transfirió la asignación para la Rama Judicial del Proyecto de Ley de Asignación Especial (RC de la C. 187) al Proyecto de Resolución Conjunta (RC de la C. 186), la autorización de gasto conforme a la Rama Judicial no se incorporó a la Ley de Resolución Conjunta.

Si no se siguen estas directrices para reducir los gastos, la Junta advierte que “se deberán considerar medidas adicionales, tales como reducciones en la jornada laboral y la reducción o eliminación del bono de Navidad, así como ahorros proporcionales de las asignaciones de la Legislatura, que deberán ser consideradas previo a la certificación del Presupuesto Propuesto por parte de la Junta”.

La Notificación de Violación también indica que el Presupuesto Propuesto no provee adecuadamente por lo menos $200 millones en reformas específicas requeridas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental del Plan Fiscal certificado.

Aunque el Presupuesto Propuesto incluye ahorros de $440 millones generados por objetivos de reducción del aparato gubernamental, de esa cantidad, al menos $200 millones de ahorros potenciales carecen de planes específicos de implementación que demuestren los tipos de reformas operacionales y estructurales necesarias para reducir el tamaño del gobierno y eliminar los servicios no esenciales.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que estará “tomando acción para lograr un presupuesto que le responda al Pueblo de Puerto Rico y que cumpla con las consideraciones fiscales”, pero insistió en que la Junta “no puede unilateralmente imponer una reducción de jornada laboral, la eliminación de los Bonos de Navidad y la reducción del 10.6% de las pensiones. La ley Promesa es clara y nuestra Administración va a defender al Pueblo de Puerto Rico, reconociendo el impacto nocivo que tendría este tipo de acción propuesta por la JSF”.

“Además de que son 150,000 familias de puertorriqueños que se verían afectados por estas propuestas de la JSF, la reducción de un 20% del salario de los servidores públicos implica una potencial reducción de $600 a $700 millones de dólares en la economía de Puerto Rico, que también tendría un efecto devastador. Por tanto,  entendemos que reducir la jornada laboral no es una solución, que estamos tomando las acciones adecuadas para cumplir con el Plan Fiscal y con la política pública y, nuevamente, esa facultad, según Promesa, recae en el Ejecutivo”, añadió.

La Junta reconoce varios aspectos positivos del presupuesto: la mayoría de las asignaciones se destinan a las necesidades de educación, seguridad pública, salud y bienestar; las pensiones se convierten a base de pago directo, o “pay-as-you-go”; y los fondos adicionales se presupuestan hacia el sistema de salud para compensar la pérdida de fondos federales.

Después de ajustar para cubrir la necesidad de mantener los pagos de pensiones a los jubilados actuales, el Presupuesto Propuesto refleja una reducción en el gasto del año fiscal 2017 de $804 millones, o más del 9%. “Esto refleja un progreso significativo en la reducción del déficit presupuestario estructural histórico de Puerto Rico. Consecuentemente, la mayor parte del Presupuesto Propuesto puede considerarse conforme al Plan Fiscal certificado y refleja un gran avance hacia la meta de la responsabilidad fiscal”.