José Javier Colón Morera y Alicia Rodríguez Castro. (Fotos de Evelyn Otero Figueroa)
Por Luisa García Pelatti
Con la estadidad, el gobierno y los ciudadanos recibiría una cantidad sustancialmente mayor en transferencias federales, que convertirían a la Isla en una jurisdicción extremadamente dependiente del Gobierno federal. Pero, por otro lado, resultaría en la aplicación de impuestos federales, que unido a los impuestos locales, significaría una carga contributiva excesiva que afectaría especialmente a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas. Se perderían los recaudos de la Ley 154 y aumentaría la presión migratoria.
Bajo la estadidad, Puerto Rico enfrentaría lo que se conoce como “un dilema presupuestario”. Tendría que tomar la difícil decisión de establecer una carga contributiva excesiva a personas y empresas (los impuestos actuales más los federales) o recortar significativamente los gastos en servicios públicos.
“En la condición actual de crisis fiscal, ese dilema se agudiza y adquiere un carácter más urgente, llegándose incluso a plantear dudas sobre la viabilidad fiscal de la estadidad”.
“La estadidad no garantiza la prosperidad económica”, dijo Alicia Rodríguez Castro, profesora de economía de la Universidad de Puerto Rico y una de las autoras del estudio. Es el caso de Mississippi, que sigue siendo el estado más pobre de Estados Unidos.
Por su parte, Eileen V. Segarra Alméstica, profesora de economía de la Universidad de Puerto Rico, señala que “necesitamos una economía más sólida desde cualquier estatus político. No podemos esperar a definir el estatus para resolver la economía. Hay que fortalecer la economía de la Isla”.
Estas son algunas de las conclusiones de un estudio “Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600”, comisionado por la Compañía de Comercio y Exportación y realizado por un grupo de seis profesores de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. El informe está disponible en: INFORME Final 30 de abril de 2014 (final rev)
El estudio presenta 27 recomendaciones (incluidas al final de este artículo), algunas como crear una comisión no partidista para atender la crisis, optimizar el uso de los fondos federales, promover consensos procesales en materia de estatus, negociar la exención de la ley de cabotaje o aumentar la presencia en organismos internacionales, entre otras.
El estudio comienza por dejar claro que considera improbable que el Congreso de Estados Unidos tome una decisión sobre el estatus. José Javier Colón Morera, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, señala que no hay “consenso político ni académico sobre el tema”. Tampoco contribuye positivamente una estrategia partidista de cambio de estatus que excluye otras opciones.
Uno de los hallazgos del estudio, es que bajo la estadidad, Puerto Rico recibiría más fondos federales. En el 2011, por cada habitante, Puerto Rico recibió $1,222 en fondos federales. En Estados Unidos esa cantidad es de $2,098 en promedio. En el estado de Mississippi, el estado más pobre, esta cifra ascendió a $2,931 por persona.
Si el gobierno de Puerto Rico hubiese recibido en el 2011 la misma cantidad de transferencias por habitante que los estados ($2,098), las transferencias federales habrían aumentado de $4,482 millones a $7,750 millones. La principal razón de este aumento serían las aportaciones del programa de Medicaid. Aunque este aumento sería beneficioso para las personas, convertirían a la Isla en una jurisdicción extremadamente dependiente del gobierno federal.
Por otro lado, la estadidad aumentaría la carga contributiva y será difícil imponer impuestos federales sin reducir los estatales, explica Eileen V. Segarra Alméstica, profesora de economía de la Universidad de Puerto Rico. Se estima que los puertorriqueños pagarían $1,900 millones adicionales en impuestos federales (los individuos ya pagan $3,140 millones actualmente) y las empresas unos $758 millones. La carga contributiva aumentaría de 17.5% a 30.6%. Además, con la estadidad quedaría sin efecto la Ley 154, que aplica a corporaciones foráneas.
Segarra Alméstica, indica que bajo este escenario, si no se modifica el sistema contributivo, las más afectadas sería las empresas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, y la clase media y los profesionales. A largo plazo, se esperaría que el gobierno ajuste sus gastos, se reduciría el empleo y los servicios.
La participación de Puerto Rico dentro del mercado común con Estados Unidos no ha fomentado el crecimiento de las exportaciones ni la internacionalización de las empresas puertorriqueñas, explica Alicia Rodríguez Castro, profesora de economía de la Universidad de Puerto Rico. Bajo la estatidad, a las empresas puertorriqueñas se le cerrarían las puertas a aumentar la presencia institucional en organizaciones internacionales, advierte.
El estudio no es muy diferente del realizado por el Government Accountability Office (GAO), publicado recientemente, explica el economista Juan Lara. Cree que se complemente, aunque el realizado por la Universidad de Puerto Rico es más amplio ya que analiza los efectos económicos y no sólo los fiscales. Además, analiza los efectos sobre la competitividad.
“En ambos casos estamos hablando de los efectos económicos de la estadidad, no de los efectos de un cambio en el estatus político”, matiza Lara.
Los dos estudios coinciden en el aumento en la carga contributiva federal sobre individuos y corporaciones, en el aumento en los fondos de programas federales, especialmente Medicaid, y en los posibles efectos en la relocalización de la empresas.
Sin embargo, el estudio del GAO no analiza la necesidad de restructurar el sistema contributiva bajo la estadidad, cómo se afectaría el tamaño y los servicios del gobierno y cómo manejar la deuda pública. “Es muy improbable que Estados Unidos se haga cargo de la deuda”, opina Lara, profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico.
El GAO tampoco aborda el trasfondo político, ni los temas de convergencia y competitividad. El estudio del GAO tampoco hace recomendaciones, mientras que el realizado por la Universidad de Puerto Rico presenta 27, que debería ponerse en vigor “no importa de cuál sea nuestro futuro político”, insisten los autores del estudio.
Esta es la lista de recomendaciones del estudio:
1. Atender el problema de la percepción que se tiene de Puerto Rico en Estados Unidos.
2. Optimizar el uso de los fondos y recursos recibidos de Estados Unidos.
3. Convocar una comisión no partidista de alto nivel para estudiar la crisis.
4. Fortalecer políticas de Estado resistentes a los cambios partidistas en el Gobierno.
5. Desarrollar nuevos mecanismos de consulta y negociación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
6. Promover consensos procesales en materia de estatus.
7. Desarrollar estrategias de inserción en la globalización.
8. Promover la diversificación del sector manufacturero y la participación del capital puertorriqueño en el sector.
9. Aumentar los eslabonamientos interindustriales mediante la sustitución selectiva y eficiente de importaciones.
10. Promover la exportación de servicios.
11. Desarrollar una estrategia para aumentar la aportación del turismo al PNB.
12. Entablar un diálogo con Estados Unidos para mejorar la participación de Puerto Rico en los tratados de libre comercio.
13. Fomentar la investigación y el desarrollo para viabilizar una capacidad endógena de innovación.
14. Negociar con el Congreso de Estados Unidos la exención de Puerto Rico de la Ley de Cabojate (Jones Act).
15. Promover un mejor alineamiento entre el sistema educativo y las necesidades de un sistema enfocado en la economía del conocimiento.
16. Fortalecer las fuentes internas de recursos fiscales.
17. Darle permanencia y estabilidad al arbitrio de la Ley 154.
18. Crear un Fondo para Infraestructura, utilizando parte de los recursos generados por el arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas.
19. Diseñar nuevos mecanismos —aparte de la exención contributiva— para atraer inversión externa.
20. Asignar más recursos a la fiscalización contributiva.
21. Negociar mayor autonomía en la definición de prioridades para el uso de fondos federales en función de las necesidades particulares de la Isla.
22. Promover la diversificación de las exportaciones.
23. Aumentar la presencia de Puerto Rico en organismos regionales.
24. Potenciar el empresarismo puertorriqueño.
25. Mejorar los sistemas de información sobre las empresas puertorriqueñas en el comercio exterior.
26. Enfocar la política pública en las variables determinantes del crecimiento económico.
27. Atender las dimensiones institucionales de la convergencia con la economía de Estados Unidos, con énfasis en los determinantes de la capacidad de innovación.
