Por Santos Negrón Díaz*
Cuando se trata de identificar y predecir el futuro de los factores de riesgo que predominan en la economía de Puerto Rico la mejor fuente de información son las proyecciones a corto, mediano y largo plazo de la Junta de Planificación.
Por lo general la atención se concentra en cuatro factores externos básicos: la economía mundial, la economía de Estados Unidos, los precios del petróleo y las transferencias a las personas.
Cambios súbitos a corto y mediano plazo y tendencias predecibles en cualquiera de esos factores, generan sacudidas significativas en los niveles de producción y empleo agregados en Puerto Rico y explican, en interacción con variaciones en factores endógenos como la inversión en construcción y maquinaria y equipo, las exportaciones y las variaciones en la política de ingresos y gastos del Gobierno, buena parte de la variación que observamos en nuestra trayectoria macroeconómica.
Ahora bien, desde fines del año natural 2012 se activa con intensidad cada vez mayor un factor externo que había estado presente por décadas, pero ejercía un impacto tenue, discreto, aunque que su importancia no había manera de ignorarla: las evaluaciones de las casas acreditadoras tanto de las obligaciones generales del Gobierno como de los bonos emitidos por las corporaciones públicas y otras agencias públicas.
La función de responder a las exigencias ministeriales de las casas acreditadoras pasa de súbito de un factor institucional al que había que responder con disciplina y rigor ineludibles, con miras a cumplir con la debida diligencia en las emisiones de deuda, a un condicionante externo crecientemente estrangulante, a un proceso en el cual esas instituciones comenzaron a dictar en forma implícita y a veces en forma de directrices fáciles de captar por el buen entendedor la estrategias de gerencia macroeconómica en Puerto: reducción de la deuda del Gobierno, balance del presupuesto, reducción de gastos, manejo de la situación financiera de las corporaciones públicas, esgrimiendo en el aire, como una espada candente, la amenaza de la degradación crediticia.
En las primera fases del proceso tanto la Administración Fortuño como la entrante Administración García Padilla respondieron a esa exigencia externa con disciplina y resignación, en la medida en que no se podía ocultar que los señalamientos de las casas acreditadotas tenían una base objetiva, que era irrefutable la gravedad de los problemas fiscales del Gobierno y que era necesario tomar medidas de gran alcance, francamente, radicales para conjurar la situación y eludir el riesgo de la degradación crediticia.
El plan de ajuste de inicio a principios de 2009 y que dura hasta nuestros días, y cuya fases más álgidas fueron los despidos en masa en 2009 y los recientes ajustes de los planes de pensión de los empleados del Gobierno Central, se ejecutó con rigor implacable, y con costos políticos para el incumbente que se hicieron patentes en noviembre de 2012 y que auguran patrones semejantes en las elecciones generales venideras.
Lo terrible del caso es que, a pesar de tantos sacrificios, de tantas cargas impuestas sobre los hombros del pueblo, la economía no ha mostrado signos significativos de recuperación. Antes bien, se halla en la actualidad en una especie de letargo, los esfuerzos por cuadrar el presupuesto del año fiscal entrante chocan con la debilidad de los recaudos y los problemas económicos y financieros de las corporaciones públicas, especialmente de la AEE y la AAA siguen de mal en peor.
Ante esta situación, el activismo de las casas acreditadoras ha adquirido una inaudita virulencia, especialmente luego de que se firmara hace unos días la ley de reestructuración de las corporaciones públicas. Han llovido las degradaciones, se han observado claros intentos de intimidación a un banco que cumplió con la responsabilidad de extender créditos al Gobierno en un momento de grave dificultad. La teoría implícita, un caso claro de especulación más allá de las funciones de evaluación del crédito, es que, independiente del futuro que corra la nueva ley (cuya constitucionalidad está siendo desafiada en las cortes) los riesgos crediticios serán compartidos por el Gobierno Central o por Banco Gubernamental de Fomento.
Es preocupante el hecho de que la intervención de la casas acreditadoras marcha de lo general a la particular, de la macro a la microgerencia, que incluye hasta sugerencias y orientaciones sobre el modo particular en que deben bregar las corporaciones públicas con sus finanzas y la legislación que discuten y aprueban los cuerpos legislativos.
A todas luces, semejante grado de injerencia en los asuntos públicos del país es algo nunca visto y se convierte de por sí en un factor de riesgo más amenazante que los que ya hemos identificado que procede de otras factores externos.
Más sencillamente se trata de un círculo vicioso del cual se nos hace imposible salir: como las cosas andan mal, no degradan; y como nos degradan, las cosas se ponen peor y conducen a más degradaciones.
No hay que forzar mucho la imaginación para pronosticar los efectos negativos que este factor externo, que interactúan intensamente con factores endógenos macro y microeconómicos, pueda tener en Puerto Rico: agrava y extiende la recesión, degrada la confianza de los inversionistas, genera oleadas de pánico en los mercados que llevan a la reducción del valor de los bonos locales, aumenta las primas de riesgo que exigen los pocos inversionistas que puedan afluir a nuestro suelo, expone a las personas y negocios que acuden en búsqueda de dinero para gastos de consumo, operación e inversión, a costos de financiamiento más altos y perjudica los intereses de personas e instituciones que tienen deuda de Puerto Rico en sus carteras.
Ante todo, la degradación, en todas sus manifestaciones, limita severamente las posibilidades de regreso del Gobierno y de las corporaciones al mercado en búsqueda de fondos para la inversión en proyectos de infraestructura, que tan necesarios para elevar las posibilidades de recuperación de la economía. Aún cuando se logre ese acceso, será a tasas de interés confiscantes y con sobrantes que reducirán grandemente el efecto multiplicador de las inversiones logradas.
En este contexto, no debe extrañar a nadie que el Gobierno de Puerto Rico esté contemplando la posibilidad de demandar a las casas acreditadoras por que no han tomado en cuenta sus acciones y determinaciones y no han dado tiempo ni espacio para que tantas y tan variadas decisiones de política económica maduren y logren los objetivos trazados.
* El autor es economista.
