Por Juan Castañer Martínez y Graham A. Castillo Pagán*
En plena discusión en torno a lo que debe hacer o no hacer el Congreso de los Estados Unidos sobre la crisis fiscal de Puerto Rico, surge la noticia de que el Gobernador de Luisiana anunció públicamente, en febrero, un cuadro fiscal que tiene similitudes con el nuestro. Lejos de poder utilizar este caso para apoyar la causa de Puerto Rico en el Congreso, argumentado que los estados también enfrentan crisis fiscales, puede resultar en lo contrario. La manera efectiva y con sentido de urgencia en que, hasta el momento, Luisiana ha manejado la situación le daría al Congreso razones suficientes para limitar su apoyo a Puerto Rico.
El gobernador demócrata John Bel Edwards, electo en noviembre de 2015 y que apenas llevaba dos meses ejerciendo su cargo, en un mensaje televisivo a sus constituyentes dio a conocer la situación fiscal del Estado. Similar a lo ocurrido en Puerto Rico, mencionó que se encontró al asumir su mandato una situación presupuestaria devastadora, con un déficit estructural de cerca de $1,000 millones para este año fiscal y $2,000 millones para el próximo. Mencionó que el Estado enfrenta una deficiencia de cerca de $600 millones en sus recaudos para el presente año fiscal.
Como parte de su plan, el Gobernador anuncio la congelación en el reclutamiento de empleados públicos, la reducción de la contratación gubernamental y otros gastos, la necesidad de aumentar los impuestos para continuar proveyendo los servicios vitales, incluyendo educación. Propuso otras medidas de ingresos no recurrentes, entre ellas aumentar temporeramente en un por ciento – a 5% – el impuesto sobre las ventas en lo que se legislan aumentos contributivos permanentes, entre otras medidas.
Luisiana y Puerto Rico comparten otras similitudes más allá de su situación fiscal. Compartimos la pobreza, siendo Luisiana el segundo estado más pobre de Estados Unidos. Tenemos una población de una escala similar ya que Luisiana tiene una población de 4.6 millones de habitantes. También, confrontamos la peor crisis fiscal en la historia de ambas jurisdicciones. Por último, el nivel deuda per cápita del Estado y los Condados es similar, $10,425 en Luisiana y aproximadamente $11,000 per cápita en Puerto Rico, (al considerar la deuda del Gobierno Central, COFINA y Municipios). De igual forma, en ambos si no se toman medidas urgentes se exponen a una crisis sin precedentes que implicarían el cierre de universidades públicas, hospitales y otros servicios públicos.
El problema está en lo que nos distingue de Luisiana. Primero, el gasto público de Puerto Rico es proporcionalmente más alto que el de Luisiana. El total per cápita de Luisiana fue de $11,436, y aunque el de Puerto Rico es de $8,783, si ajustamos por el nivel de ingreso, equivale al doble, o más de $17,000 per cápita. Segundo, Luisiana tiene publicado en la Web su Estado Financiero Compresivo auditado a junio de 2015. Tercero, el Gobernador, en menos de un mes de haber asumido su mandato, le dio un ultimátum a la Legislatura estatal para encontrar una solución al problema fiscal antes del 9 de marzo, fecha en que termina la sesión extraordinaria convocada para atender dicho asunto. Cuarto, ha solicitado enfáticamente la aprobación de un presupuesto balanceado que contempla reducciones en gastos y aumentos contributivos. Quinto, nada en su discurso sugiere el impago de la deuda.
Aunque estará por verse cuál será la respuesta final de la legislatura de Luisiana, hasta el momento el gobierno ha demostrado que está atendiendo el asunto con sentido de urgencia, de una manera relativamente sencilla y sin menoscabo de la confianza de sus acreedores y la transparencia que debe caracterizar los procesos gubernamentales. Inclusive, aunque Moody’s degradó la deuda del Estado en febrero de este año, todavía conserva una acreditación Aa3.
Por estas consideraciones, es muy probable que El Congreso de Estados Unidos lejos de mirar el caso de Luisiana como un aviso de que ha llegado el momento de establecer un mecanismo de rescate para los estados, muy bien podría llegar a la conclusión opuesta. Luisiana provee un ejemplo de cómo las acciones a nivel del gobierno estatal hacen innecesarias la intervención federal. En cuanto a Puerto Rico, justifica la necesidad de instituir una Junta de Control Fiscal con amplios poderes para la Isla, por la manera como se ha manejado el asunto fiscal desde hace varias Adminisraciones. Para Luisiana el caso de Puerto Rico es un vivo ejemplo de los riesgos que supone no actuar con celeridad y sin la transparencia necesaria.
- Los autores son, respectivamente, director de análisis económico y presidente en la firma de consultoría económica Estudios Técnicos, Inc.
