Por redacción de Sin Comillas

El Departamento de Justicia (DJ) divulgó hoy a través de su página de internet todos los documentos legales relevantes a los casos de doble exposición y de ley de quiebra de las corporaciones públicas, pleitos que se encuentran ante la consideración del más alto foro judicial de los Estados Unidos.

El secretario de Justicia, César Miranda, explicó que “tanto el caso Pueblo v. Sánchez Valle  –conocido como el caso de doble exposición–, como el de ley de quiebra para las corporaciones públicas, plantean controversias muy significativas para el quehacer de los puertorriqueños y sus instituciones, razón por la cual decidimos recoger todos los documentos importantes en cada caso y colocarlos en nuestra página web para que sean de fácil acceso para todo el que desee conocer detalles del récord judicial en ambas controversias. El que hoy se estén viendo dos casos de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo federal es histórico, por lo tanto es necesario que el país cuente con la información de ambos casos, ciertamente trascendentales para todos”.

El pasado martes, 5 de enero se radicó la réplica del Gobierno al alegato de oposición en el caso sobre doble exposición, de cara a la vista argumentativa que tendrá lugar el próximo miércoles, 13 de enero en el Tribunal Supremo federal con sede en Washington D.C. En dicho escrito, el Departamento de Justicia de Puerto Rico argumenta que el ELA cuenta con soberanía distinta a la de la jurisdicción federal para procesar criminalmente en la Isla, pues para tales efectos la soberanía proviene del Pueblo de Puerto Rico, cuya naturaleza ha permitido la promulgación de la Constitución de Puerto Rico y de las leyes aprobadas subsiguientemente.

“Obviamente, los alegatos presentados por la parte recurrida y por los llamados ‘amicus’ contienen visiones y argumentos en oposición, y eso es lo que hace interesante y destaca la importancia de este caso para Puerto Rico”, puntualizó el Secretario Miranda.

De otro lado, el litigio en el que el Gobierno argumenta la constitucionalidad de la Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley 71 de 2014, llamada Ley de Quiebra Criolla); contará con una vista argumentativa que se espera que tenga lugar en marzo. Al momento, el Tribunal Supremo federal no ha asignado una fecha para la audiencia.