Entre los demandados están: UBS Financial Services of Puerto Rico, Santander Securities, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Merrill Lynch, Goldman Sachs y NY Mellon Bank
Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal ha demandado a 20 bancos y firmas de abogados con el objetivo de recuperar $1,000 millones de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional. También se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.
Las demandas tienen que ver con emisiones de $9,000 millones en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico. Al emitir estos bonos, las entidades demandadas contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares.
“La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial, y por ende son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario”, señala la Junta.
Asimismo, la Junta radicó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente. La Junta se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño que mantienen al menos $2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión.
“Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos. La Junta entiende muy bien estas preocupaciones”, señaló Skerl.
Las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda “por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social”.
“La Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente”, dijo Skeel. “No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.
La Junta no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos.
