Por José E. Pérez*

Se están discutiendo tres tipos de soluciones para resolver los problemas fiscales de Puerto Rico: un rescate financiero federal, la designación de una junta federal y una junta local (criolla) para que maneje en su totalidad las finanzas del país. ¿Cómo apoyamos la mejor alternativa en vista de la polarización política existente en Puerto Rico y la falta de cooperación entre los dos partidos políticos principales?

Los problemas financieros son difíciles de entender por el elector promedio. Por tal razón existe la posibilidad de que en las próximas elecciones se elijan legisladores que contribuyeron a crear problemas que hoy confrontamos. Entre el 2009 y el 2012 tuvimos gobernadores de los dos partidos principales. En ambos cuatrienios la mayoría legislativa del PNP aprobó presupuestos y políticas fiscales que aumentaron la deuda en sobre $32,000 millones. Por esos ocho años de locura fiscal, hoy nos topamos con la mayor encrucijada de nuestra historia política y financiera.

Examinemos las alternativas. El programa de TARP autorizado por el Congreso en octubre del 2008, designó la cantidad de $700,000 millones para estabilizar el sistema financiero de los estados unidos. Se desembolsaron un total de $618,000 millones de los cuales $390,000 millones fueron devueltos y $294,000 millones fueron recibidos como dividendos e intereses. El programa neto, le ha producido $65,300 millones en ganancias al gobierno federal. Todo indica que el Tesoro Federal no es tan generoso como algunos piensan. Estimo que cualquier rescate para Puerto Rico se llevaría a cabo bajo términos y condiciones muy onerosos. Además, con un Congreso republicano la posibilidad de legislar un rescate para Puerto Rico es poco probable.

Las juntas de control fiscal se han designado tanto al nivel federal como al nivel estatal. Las del nivel estatal son más voluminosas. Todas han sido exitosas en estabilizar las finanzas de las municipalidades para las cuales trabajaron. Cuando fueron designadas encontraron resistencia de parte de los políticos, pues tenían amplios poderes para actuar fuera de líneas políticas. En algunos casos pudieron resolver los problemas sin tener que recurrir al mecanismo de la bancarrota. El caso más reciente fue el de la municipalidad de Detroit en cuyo caso no se creó una junta financiera. Las finanzas fueron manejadas por un “gerente de emergencia” designado por el gobernador de Michigan.

La situación financiera de Detroit ha sido mucho más severa que la de Puerto Rico. Su población se redujo de 1.8 millones de habitantes en los años 50 a 700,000 habitantes. Perdieron cerca de 265,000 empleos en la manufactura. Existen 78,000 viviendas abandonadas. La mayoría de los cuarteles de la policía solo trabajan por ocho horas. Ante este cuadro, el “gerente de emergencia” el optó radicar un proceso de quiebra bajo el capítulo 9 para la ciudad de Detroit. Luego de cinco meses de litigio el juez de la corte de quiebra determinó que Detroit era elegible para el capítulo 9. Ya Detroit salió de la bancarrota. Sus acreedores recobraron entre 14 y 75 centavos del dólar de su deuda.

Para que nuestra junta de control fiscal (criolla) recientemente aprobada tenga éxito, debe tener total independencia política y poderes amplios. No debe haber dudas sobre su capacidad legal y constitucional para ejecutar planes de acción. También debe ser dotada de nuestros mejores ejecutivos financieros. Hay que evitar las batallas legales que tuvieron de las ciudades de Stockton, CA. y San Bernandino, CA. en su reestructuración. Aunque la junta local sería lo ideal, existen dudas si la junta criolla tendría la capacidad para llevar a cabo sus funciones sin conflictos con la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Una junta sin independencia sería prácticamente inoperante.

Una de las fallas más significativas de esta administración es la falta de transparencia y la inconsistencia en sus determinaciones. Al principio, defendieron la deuda. Ahora la tratan como si fuera chatarra. Parece mentira que los estados financieros del 2014 no estén listos. Carecemos de datos financieros corrientes para analizar efectivamente la situación fiscal. Llevamos más tres años con una administración lenta e inefectiva. Ante esta perspectiva, varios líderes del Congreso de los Estados Unidos han planteado la necesidad de crear una junta de control federal para estabilizar nuestras finanzas. No tienen confianza en nuestro sistema político para resolver los problemas.

Una junta federal crearía problemas políticos de gran magnitud. A los estadolibristas les negaría su Constitución. A los estadistas les crearía un problema de credibilidad, pues la junta podría eliminar, limitar o modificar cualquier programa de gobierno. Podrían afectarse las pensiones, bonos navideños, asignaciones y subsidios y otros programas de regalías políticas legislados durante los pasados 40 años. Puerto Rico estaría prácticamente nacionalizado por una junta federal. Lo más irónico del caso es cómo los Populares están enfilando sus cañones para evitar una junta federal, reclamando los derechos de nuestra constitución. Por otro lado, esta administración tira al zafacón la misma Constitución en todo lo referente al pago de la deuda constitucional. Desde un punto de vista legal, una junta federal con poderes legislados por del Congreso es el camino más fácil a seguir en términos legales y administrativos. Por otro lado, este tipo de junta podría ser mucho más insensible en la implementación de medidas correctivas.

La complejidad de nuestra deuda es superior a la complejidad la deuda de cualquier otra municipalidad que ha confrontado problemas. Quizás la manera más efectiva y práctica para estabilizar nuestras finanzas es el lograr que congreso de los Estados Unidos legisle para que nuestros municipios y corporaciones públicas se puedan acoger al capítulo 9 de la Ley de Quiebras. El sacrificio de echar a Puerto Rico pa’alante debe ser compartido equitativamente. Hasta este momento solamente se está proponiendo la reestructuración de la deuda como una solución principal. Casi no se discute el reestructurar los aspectos fiscales que dieron lugar a este debacle. Como siempre, la soga parte por lo más finito. Los bonistas no deber cargar todo el peso de las soluciones.

  • El autor es analista financiero