Por redacción de Sin Comillas
La Junta de Control Fiscal solicitó al Tribunal Federal una prórroga de 14 días antes de que tome una decisión sobre cuatro demandas que han solicitado dejar sin efecto la protección temporera contra litigios que establece la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). La Junta de Control Fiscal presentó la moción en el tribunal federal el viernes. La semana pasada el gobernador Alejandro García Padilla había solicitado la intervención de la Junta de Control Fiscal en este caso.
García Padilla había advertido que si el Tribunal Federal decide a favor de los demandantes se afectarían los servicios de salud, educación y seguridad. “Agradezco a la Junta de Supervisión que accedió a la petición que hiciera en la carta del pasado jueves 29 de septiembre donde les solicité su pronta intervención en estos pleitos para defender juntos el stay de PROMESA contra reclamaciones de los bonistas. Confío en que, como resultado de su análisis de estos casos, se unan a la postura de la administración de detener todos estos procesos judiciales innecesarios entretanto se pueda atender la reestructuración la deuda de una manera integral y ordenada. Ahora nos toca encaminar juntos la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico y para ello debemos concentrar todas nuestras energías en la formulación de un plan fiscal viable y abarcador como el que estamos trabajando. Distraernos con demandas injustas de un pequeño grupo de acreedores no abonan a una solución pronta y ordenada que beneficie a todos los acreedores y al país”, declaró García Padilla.
Los demandantes son: la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation; el fondo de cobertura Brigade Capital; bonistas individuales como Dionisio Trigo González; y el US Bank Trust National Association, banco que custodia la deuda de la Universidad de Puerto Rico. Los demandantes buscan que el juez Besosa declare inconstitucional la Ley de Moratoria firmada en abril de 2016. Los demandantes señalan que la suspensión de demandas de PROMESA no debe aplicar a sus demandas porque no están exigiendo el pago de deudas, sino declarar inconstitucional la Ley de Moratoria.
