Por Luisa García Pelatti
Ya nos lo habían advertido los periodistas de Detroit. La información va a llegar con un volumen y una frecuencia que va a ser difícil para los periodistas reaccionar. “Deben estar preparados”, decían. Es un tsunami de información que se nos viene encima y que requiere tiempo y análisis para digerir. Para ayudar al lector a moverse en este enjambre de información hemos preparado la cronología que acompaña este artículo.
La historia de la Junta de Control Fiscal empieza con la aprobación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que crea la Junta el 30 de junio de 2016. Los miembros de la Junta no se conocerán hasta el 31 de agosto.
La primera reunión fue el 30 de septiembre. La segunda se realizaría el 14 de octubre, también en Nueva York, dos días después de que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, entregara el plan fiscal. En la primera de la reuniones realizada en Puerto Rico (18 de noviembre), la Junta anunció que no aprobaría el Plan Fiscal y ante la negativa de García Padilla, hubo que esperar a la juramentación de Ricardo Rosselló para ajustar las fechas.
Rosselló pidió más tiempo (45 días más) para entregar el Plan Fiscal. La Junta se mostró favorable a extender el plazo de entrega del Plan y la fecha de vencimiento de la paralización de las demandas de pago contra el Gobierno a cambio de que el gobierno aceptara poner en vigor duras medidas de austeridad.
La imposición de esas medidas a cambio de la extensión de la fecha de entrega del Plan Fiscal ha sido el primer gran desencuentro entre Rosselló y la Junta. Hasta ahora Rosselló se había mostrado dispuesto a colaborar con la Junta, a diferencia de García Padilla.
Lo que propone la Junta:
- Aumentar los recaudos un 15%, en unos $1,500 millones hasta el 2019. Esto se logrará con la extensión de la Ley 154, pero, además, se necesitarán aumentar impuestos, mejorar la recaudación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), eliminar las amnistías y las exenciones y subsidios a los municipios y el sector privado.
El gobernador Rosselló ha dicho que no aumentará los impuestos a los pobres y la clase media y que su intención es reducir impuestos para promover el desarrollo económico. Espera aumentar en $600 millones los recaudos mejorando la recaudación de impuestos.
- Reducir gastos del gobierno en un 22%, unos $1,500 millones menos hasta 2019. Reducir los servicios no esenciales a través de consolidaciones y despidos, reducir la compensación total en el gobierno, eliminar subsidios a los municipios y el sector privado (se pueden reducir en $400 millones) e introducir medidas de eficiencia. Reducir 10% los gastos que no son de personal re-negociando los grandes contratos y centralizando las compras. El gasto de nómina de ser 23% menor eliminado posiciones para una reducción de $900 millones.
La Junta entiende que las primeras órdenes ejecutivas del gobernador van en la dirección correcta. Pero desean tener más detalles sobre las proyecciones de los ahorros que van a significar esas medida y creen que todavía se debe cortar más.
Rosselló ha dicho que no está de acuerdo con el enfoque de reducir la nómina y que con el “empleador único” esperan reducir el tamaño del gobierno sin incurrir en despidos masivos, disminuyendo la burocracia y el número de agencias de 118 a 35 o 40.
- Reducir el gasto en salud un 28% o $1,000 millones. Se espera que el déficit operacional de Mi Salud, tras el fin de los fondos de Obama Care alcanzará los $1,000 millones en el 2020. La Junta explica que aunque apoya que se busquen fondos adicionales, no cree prudente que se incluyan fondos potenciales en la elaboración del presupuesto.
El gobierno se niega a sacrificar la salud de la gente. Rosselló dice estar confiado en que convencerá al Congreso de las dificultades que enfrenta Puerto Rico si no obtiene los fondos.
- Reducir el gasto de la educación superior en 27% o $300 millones. Para ello habrá que aumentar el costo de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico y reducir gastos sin comprometer la calidad de la educación.
No limitará el acceso a la educación superior, dijo Rosselló, que destacó que la educación superior es uno de los aspectos que permiten la movilidad social y el desarrollo económico.
- Reformar de las pensiones para bajarlas un 10% o $200 millones para el 2019. La Junta recomienda llegar a un acuerdo que podría incluir nuevas fuentes de ingreso.
La reforma de las pensiones deben proteger a los más necesitados e imponer mayores recortes a los que tienen los mayores beneficios, señaló Rosselló. Incluir a los policías y las maestros en el programa de seguro social.
La propuesta de la Junta reduce el pago de la deuda pública un 79%, unos $800 millones, del total de $3,900 millones a que asciende el servicio de la deuda
Rosselló dice que pagará según los recursos disponibles y cumpliendo con los servicios esenciales, que respetará la ley y la prioridad de los pagos.
La Junta no se posiciona sobre la pugna entre tenedores de Obligaciones Generales (GO) y Confina y reconoce que cualquier reestructuración tiene que reflejar consenso o una decisión judicial.
Hay varios asuntos pendientes entre el gobierno y la Junta:
- Entregar un plan de liquidez antes del 30 de enero incluyendo un protocolo en la prioridad de los bancos
- La proyección de flujo de efectivo de 13 semanas debería estar listo en dos semanas y después se enviarán semanalmente
- La Junta debe entregar el 25 de enero un documento detallando el estado financiero puente entre los estados financieros del año fiscal del 2014 y el escenario base del plan fiscal
- El 23 de enero, el gobierno deberá entregar un calendario con los pagos principales. También vence la entrega de un acuerdo de trabajo y el Plan de Trabajo, en el que están trabajando McKensey y Autoridad para la Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). AAFA
- El 20 de enero había vencido, sin que el gobierno cumpliera, la fecha de entrega del plan de trabajo para las negociaciones con los acreedores
- El 20 de diciembre se debería haber nombrado un grupo de trabajo
La Junta estima que el déficit fiscal asciende a $7,000 millones, pero el número debe ser verificado en una auditoría. Para ello la Junta ha contratado una firma, ignorando los esfuerzos iniciales de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 (de julio de 2015).
