Por redacción de Sin Comillas

La Cámara de Comercio (CCPR) alertó sobre el impacto negativo que representaría para los hogares, las empresas y la economía una posible interrupción de los servicios de AES Puerto Rico (AES). Con el cese de esta empresa en Puerto Rico se pondría en peligro inmediato los 110 empleados de la empresa, los ingresos de unos 200 camioneros que suplen materiales a esta corporación, y unos 500 contratistas directos, además de que aumentaría significativamente el costo de energía eléctrica, que ya actualmente es alto.

Según el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos Rodríguez, si la AEE no cuenta con los servicios de AES se vería obligado a generar energía con plantas poco eficientes que utilizan combustible diésel. “Todo esto resultaría en un aumento en el precio de la energía a los clientes de la AEE. Es menester levantar la voz de alerta en representación de nuestra membresía y el sector privado en Puerto Rico”, explicó Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la CCPR.

Añadió que AES Puerto Rico –a través de sus 15 años de operación—ha representado un ahorro de sobre $1,500 millones, además de la generación de aproximadamente el 17% de la energía utilizada en Puerto Rico.

“Nuestros esfuerzos deben enfocarse en apoyar la producción continua de energía generada de manera costo efectiva, en cumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales. En el momento histórico que nos encontramos es preciso mantener un costo de energía asequible, y la energía generada por AES es actualmente la de menor costo para la AEE.

“Las operaciones de AES están reglamentadas por permisos ambientales y por normas aplicables al manejo de los residuos de combustión. Si AES cumple con estos requisitos, no hay razón para que cese de operar”, señaló la presidenta de la CCPR.

“No podemos darnos el lujo de perder a una empresa que genera una parte significativa de nuestra energía a un costo razonable”, añadió Lamboy Mombille.

Nunca se aprobó el depósito de las cenizas en la Isla

Por su parte, el ambientalista Luis Jorge Rivera Herrera recuerda que ya en 1988, en una resolución emitida por el Tribunal Supremo, se hizo referencia a lo expuesto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la AES, que señalaba que “ni la ceniza ni sus derivados, serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”.

La Junta de Calidad Ambiental, al aprobar la declaración en cuestión, dispuso que de no encontrarse cliente para las cenizas aludidas, se requerirá que las mismas sean devueltas a las minas de origen del carbon (Colombia.  “Esta condición nunca fue cumplida, puesto que inicialmente las cenizas fueron desechadas en la República Dominicana, y desde entonces, en Puerto Rico”.