Por redacción de Sin Comillas

Los $20,600 millones en gastos tributarios del año fiscal 2017 representan el 20.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico, una cifra que está muy por encima de lo que algunos países y estados de Estados Unidos dedican a ese ámbito.

Según un análisis del  Informe de Gastos Tributarios para el Año Contributivo 2017, realizado por la organización Espacios Abiertos, Australia dedica el 9.9% de su PIB a gastos fiscales y en Estados Unidos es 8.8%. En Francia, la cifra cae hasta 4.0%.

En los estados de Oregon y Massachusetts el porcentaje del PIB que se dedica a gastos tributarios es de 5.0% y 2.6%, respectivamente, muy lejos del 20.4% de Puerto Rico.

El informe, publicado el domingo por la tarde tras dar la primicia a El Nuevo Día, indica que en el año 2017 el gobierno había otorgado 302 deducciones, crédito, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales. La mayoría se entregaron a corporaciones (142) e individuos (104). El valor total de esos gastos tributarios asciende a $20,600 millones, de los que unos $16,000 millones corresponden a corporaciones y unos $1,300 millones a individuos. Es la primera vez que emite un informe de esta naturaleza.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que un gasto tributario es el resultado del uso del sistema contributivo para perseguir ciertos objetivos de política pública, tales como fomentar el ahorro, estimular el empleo y promover la actividad económica, mejorar la progresividad, fomentar la inversión extranjera y proteger la industria local, entre otros. Los gastos tributarios tienen el efecto de reducir la carga impositiva a contribuyentes que llevan a cabo alguna actividad comercial que la política pública establecida busca promover.

“Esperamos continuar con la publicación de este tipo de informe para años contributivos futuros. Esto fomentará una mayor concientización de nuestro sistema contributivo y dará continuidad a nuestro compromiso con la transparencia”, dijo el secretario.

Para la organización Espacios Abiertos, se trata de un paso muy importante y la decisión podría apuntar a un cambios en la “cultura de oscurantismo y opacidad gubernamental prevaleciente por décadas”. Sin embargo, destaca que esta información en Estados Unidos ha sido pública desde 1974.

El informe no cumple por completo con las mejores prácticas de transparencia: que la información sea amplia, accesible, detallada y analítica. Según Espacios Abiertos, el informe cumple la primera condición pero no la segunda y sólo parcialmente las otras dos.

“La publicación del documento es solo el principio, la mitad del camino. Hacer uso de esa información para asegurar un país próspero, más justo y equitativo es la otra parte.  Ese es el reto que no podemos obviar”, señala Espacios Abiertos.

“Le corresponde a los funcionarios públicos, funcionarios electos y a la sociedad civil estudiar y evaluar la información contenida en el informe y otra que todavía falta, como la de los municipios o el detalle de sumas agregadas que requieren un nivel mayor de granularidad. No para escandalizarse por cifras altas -que lo son cuando suman $20 mil millones anuales, lo que constituye el 20.4% de nuestro Producto Interno Bruto-, sino para actuar, para ponderar las decisiones y la política pública del estado y efectuar -sin ambages ni contemplaciones- los ajustes que correspondan.  Recordando que el rendimiento de los gastos fiscales y tributarios no puede únicamente medirse en términos de dólares y centavos, empleos etc. sino también en la función social que sirven”, añadió la organización que lucha por la transparencia en la información del gobierno.

“La transparencia fiscal -a la que aspira EA para Puerto Rico- nos daría luz y participación a todos sobre qué se hace con nuestro dinero.  El presupuesto, la reestructuración de la deuda, los fondos de recuperación… más allá del informe,  todavía nos queda un buen camino por andar para la ciudadanía estar informada y participar de forma efectiva en cómo se usa nuestro dinero. Una reflexión oportuna en ésta, la Semana Internacional del Derecho a Saber”.