Por redacción de Sin Comillas
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) anunció que realizó el pago de principal e intereses de ciertos bonos del BGF que vencía el 1 de diciembre. Además, el Gobernador de Puerto Rico firmó una Orden Ejecutiva que dispone que el Gobierno comenzará a redirigir ciertos ingresos que han sido presupuestados para pagar el servicio a la deuda de ciertas corporaciones públicas. La Orden es necesaria ante la falta de fondos para pagar la deuda pública.
La Orden retiene parte de los ingresos asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) que se usarán para el pago de la deuda pública. La Orden también decreta que la Compañía de Turismo tendrá que transferir parte de los ingresos recaudados (el impuesto de las habitaciones de hotel) para el pago de ciertas deudas de la Autoridad del Distrito de Convenciones al Departamento de Hacienda para el pago de la deuda pública. En total los ingresos retenidos o transferidos ascenderán a $329 millones entre los meses de diciembre y julio.
Estas retenciones se conocen como “claw back” en inglés y es como si el dinero que teníamos para pagar el celular se utilizara para pagar la comida, explicó Víctor Suárez, nombrado recientemente Secretario de Estado.
El Gobierno explicó que sólo retendrán los fondos necesarios para el pago de la deuda y no se embargará el presupuesto operacional de las corporaciones públicas.
Las proyecciones de recaudos del Departamento de Hacienda disminuyeron en $508 millones, por esa razón el Gobernador firmó la Orden.
“Los pagos del servicio a la deuda realizados hoy reflejan nuestro compromiso de honrar nuestras obligaciones a pesar de los desafíos fiscales extremos que enfrentamos, en un esfuerzo por facilitar el proceso de reestructuración voluntaria con nuestros acreedores”, indicó Melba Acosta Febo, presidenta del BGF. “Sin embargo, pueden estar seguros de que la situación de liquidez de Puerto Rico en estos momentos está severamente limitada a pesar de las medias extraordinarias que el Gobierno ha tomado para mejorar dicha situación”.
“Esperamos que el día de hoy sea una señal clara de que pretendemos honrar nuestras obligaciones en la medida en que sea posible sin interrumpir los servicios públicos esenciales. Sin embargo, la situación fiscal general de Puerto Rico continúa debilitada. En las próximas semanas junto a nuestros principales acreedores continuaremos en conversaciones centradas en apoyar la creación de una ruta sustentable hacia adelante para Puerto Rico”.
“Continuaremos además solicitándole al Congreso que actúe responsablemente y le provea a Puerto Rico la ayuda que necesita, específicamente, en la forma de un régimen de quiebras al cual Puerto Rico pueda acogerse. Si el Congreso no le provee a Puerto Rico un marco legal para aliviar su deuda, las probabilidades de que se alcance una solución satisfactoria disminuirán significativamente. Si el ELA no puede obtener un alivio de la deuda, todas las partes con interés, inclusive nuestros acreedores, se verán perjudicadas, y podría producirse una crisis humanitaria real para más de 3.5 millones de ciudadanos americanos”.
El Gobierno espera que el Congreso de Estados Unidos actúe el 11 de diciembre y apruebe las medidas solicitadas. ¿Y si no? “Se nos están acabando las medidas extraordinarias. Nos quedan muy pocas”, comentó Acosta Febo. El Gobierno seguirá negociando con los acreedores, pero querían llegar a sentarse en la mesa habiendo pagado.
