Por redacción de Sin Comillas

El Gobierno mantiene las negociaciones con los acreedores y espera alcanzar un acuerdo a pesar de que el 1 de mayo expira la paralización de demandas de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). A horas del vencimiento de la paralización de demandas, los principales acreedores no habían firmado acuerdos de indulgencia.

“Hemos negociado de buena fe con todos los acreedores y hemos presentado propuestas responsables alineadas con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, que establece lineamientos claros para la cantidad de dinero disponible para servicios esenciales, desarrollo económico y servicio de la deuda”, comentó Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

El 13 de abril el Gobierno y la Junta comenzaron un proceso de mediación que concluyó el 28 de abril.

“Si bien todavía no hemos logrado un acuerdo, nuestras líneas de comunicación permanecen abiertas y acogemos con beneplácito la oportunidad de continuar las discusiones “, agregó Portela.

Dos de los principales acreedores, OppenheimerFunds Inc. y Franklin Advisers Inc., habrían presentado propuestas para reestructurar la deuda que habría sido ignoradas.

El funcionario señaló que el acuerdo consensuado alcanzado con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sirve como ejemplo de la determinación de esta Administración para resolver la crisis fiscal de Puerto Rico y, al mismo tiempo, atender las necesidades de los acreedores. 

El domingo por la noche, el Gobierno entregó a la Junta de Control Fiscal el presupuesto para el año fiscal 2018 y otros documentos, entre ellos un plan de liquidez.

Elías Sánchez, el representante del Gobierno ante la Junta, explicó que el presupuesto presentado es “un documento de trabajo” y no el presupuesto final, y que no se hará público hasta que sea aprobado por la Junta y sometido a la Legislatura.

Durante el fin de semana, el Gobierno aprobó el Proyecto 938, que, entre otras cosas, supone un aumento inmediato en el arbitrio a cigarrillos y iguala los beneficios de los empleados de las corporaciones públicas con los de los empleados del Gobierno.