Por redacción de Sin Comillas
El gobierno federal notificará en o antes del 6 de octubre si se persona en el tribunal para defender la constitucionalidad de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que fue puesta en cuestión por el fondo de inversión Aurelius Capital Management.
Si decide intervenir, el Fiscal General de Estados Unidos presentará un recurso 30 días después, según un documento presentado el martes en en el caso que atiende la jueza federal Laura Taylor Swain.
Según Aurelius Capital Management la creación de la Junta de Control Fiscal viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos porque no han sido confirmados por el Senado. Además, seis de los siete miembros fueron seleccionados por el Congreso, lo que asegura, viola el principio de separación de poderes.
El gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de intervenir en cualquier recurso presentado ante el tribunal federal que cuestione la constitucionalidad de una ley del Congreso.
El plazo para intervenir es de 60 días. Antes de que se cumpla ese plazo, el tribunal puede rechazar el recurso que cuestiona la constitucionalidad, pero no puede tomar ninguna decisión que apoya la inconstitucionalidad.
