Por redacción de Sin Comillas

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentará una demanda de clase en representación de los asegurados y en contra de las compañías de seguros por la demora en el pago de las reclamaciones relacionadas con los daños ocasionados por el huracán María.

La demanda se hace con el fin de evitar que una aseguradora pueda levantar como defensa el alegado término de caducidad de un año y permitir que los asegurados sigan con sus reclamaciones.

La demanda del Gobierno tiene el efecto de interrumpir el término de caducidad para presentar demandas contra las compañías de seguros, que vence el 20 de septiembre.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Justicia presentarán una sentencia declaratoria para que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad sino uno de prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora. 

Por otro lado, se va a demandar para que se les pague a los asegurados por la reclamaciones presentadas por la destrucción del huracán de acuerdo a la póliza. Además, se van a reclamar daños por el retraso en los pagos, “en craso incumplimiento con el código de seguros”, señaló Michael Pierluisi, secretario de DACO.

Pierluisi dijo que a un año del huracán María es inaceptable que miles de consumidores que no haya recibido el pago de sus reclamaciones a las aseguradoras.

“La actuación de las aseguradoras en varios casos pone en juego nuestra capacidad para recuperarnos tras el paso de los huracanes. Debemos ayudar a los asegurados para impedir la migración y pérdida de empleos en la Isla”, puntualizó el gobernador  Ricardo Rosselló.

Las aseguradoras han señalado que hay factores externos que están retrasando el pago de los reclamaciones. Pierluisi indicó que las asegurados pueden presentar esa circunstancia como una defensa en el caso.

Varias aseguradoras han interpretado que los asegurados tienen un año para demandarlos en los tribunales o pierden su reclamación; esto se conoce como término de caducidad. Según el Gobierno, esa interpretación crea una gran injusticia pues el 20 de septiembre de este año —tras 1 año del paso del huracán María— las aseguradoras podrían denegar las reclamaciones de muchos asegurados y después alegar que estos no pueden ir al tribunal a exigir sus derechos.

La OCS ha tenido que notificar 53 órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden a unos $5.9 millones, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados. Además, la oficina ha recibido 1,658 querellas, de las cuales aún quedan pendientes 999.

La OCS informe que al 31 de julio de 2018 y solo sobre el huracán María, los asegurados han realizado unas 276,000 reclamaciones a las aseguradoras. De éstas, unas 83,000 están cerradas, pero no se ha emitido pago al asegurado. También, hay unas 16,000 reclamaciones sin resolver por parte de las aseguradoras.

Estas dos demandas se unen a otras iniciativas pendientes en la Legislatura. Una de las medidas propone implementar el proceso obligatorio de valoración (appraisalpor medio de un árbitro. Con este proceso —disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos—las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica. Este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.

Otra de las medidas enmienda el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales. 

Además, se presentó una enmienda para facilitar a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes. De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes. En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, esto resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.

Por otra parte, se propone establecer un mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.  

También se presentó una enmienda para que, en casos de que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costos para el proceso administrativo y judicial.

Mientras, se ha propuesto una enmienda para requerir a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones. 

Además, se propuso legislar para obligar a las aseguradoras a hacer pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.

También se presentó una medida para que las aseguradoras reembolsen los gastos incurridos en su investigación o en un examen financiero para asegurar que están debidamente capacitadas a responder a sus asegurados. Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur y Utah. 

Finalmente, se propuso una enmienda para crear una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros. En caso de ocurrir un evento catastrófico, el microseguro permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.