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Por Luisa García Pelatti

Durante las vistas de transición salió a relucir que la Securities and Exchange Commission (SEC) lleva a cabo una investigación sobre emisiones de bonos realizadas en el 2012 y 2014. Víctor Suárez, Secretario de Estado y presidente del comité de transición del gobierno entrante, confirmó la información en una conferencia de prensa tras un receso de las vistas.

Sin embargo, tanto Suárez como el Secretario de Justicia, César Miranda, declinaron ofrecer más información públicamente sobre la investigación, pero pusieron los abogados del Gobierno a disposición del comité entrante para hablar del asunto. Recordemos que el pasado mes de junio, Orrin G. Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, había solicitado al SEC una investigación para determinar si tras las razones de la actual crisis fiscal había alguna actividad ilegal por parte firmas de inversiones o de funcionarios gubernamentales.

Sobre el clima durante las vistas, Suárez comentó que “la campaña política se acabó. Están representando a un gobierno electo no a un partido político. Ante la grave situación que viven el país que se comporten como un gobierno que va a enfrentar una situación económica difícil, que no hemos ocultado”.

“Las decisiones que haya que tomar son bien importantes por eso está Administración va a continuar brindado toda la información necesaria para que puedan tomarlas”, añadió.

“Le hemos dado toda la información, la responsabilidad de ellos es empaparse de esa información para la toma de decisiones. En febrero vence la paralización de las demandas y vence un pago de deudas, si ellos no toman la determinación de reestructura la deuda van a tener problemas para operar el gobierno y se lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo”, dijo Suárez, que subrayó que toda la información es pública y está e Internet.

En torno a las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla de que no entregará otro plan a la Junta de Control Fiscal, Suárez explicó que habían recortado gastos en todo lo que se podían, pero que recortar más significaba despidos. “No vamos a tocar a la gente más vulnerable”. Tampoco estuvieron de acuerdo en reducir los gastos de la Universidad de Puerto Rico.

“La Junta (de Control Fiscal) y el gobernador electo tiene que expresarse cuál es la ruta que quieren seguir. La alternativa es la reestructuración amplia de la deuda. El gobernador electo debe contestar si va a reestructurar la deuda o van a hacer recortes a los pensionados o va a despedir empleados. Eso es lo que el país le debe preguntar. Cuál es la ruta”.

Destacó que durante la reunión de la Junta del viernes, Jorge Irizarry, presidente de Bonistas del Patio, señaló que la aportación del Gobierno a los sistema de pensiones es muy alta. “¿Dónde vamos a cortar? Un pensionado recibe $1,100 mensuales. Si hay un recorte al sistema de pensiones esa persona recibiría $600 o $700 mensuales. Esos son los asuntos que tiene que decirnos. Si van a reestructurar la deuda o si van a ir contra los más vulnerables”.

Sugirió al Gobierno electo utilizar el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para reestructurar la deuda antes de que termine la paralización de demandas el 15 de febrero y se encuentren con que no tiene dinero para operar.