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Por redacción de Sin Comillas

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales anunciaron que mantienen discusiones en busca de una solución a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) por el Grupo Ad Hoc.

Como resultado de las conversaciones entre Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la AAFAF, y representantes del Grupo Ad Hoc, el Gobierno buscará “una resolución pronta y diligente a las reclamaciones relacionadas con la constitucionalidad de COFINA presentadas por el Grupo Ad Hoc en el litigio pendiente ante el Juez Francisco Besosa en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que se conoce como Lex Claims LLC, et al. v. Garcia-Padilla, et al., No. 16-2374. Si bien en este momento el Gobierno no está asumiendo una posición definitiva en cuanto a los méritos de las controversias constitucionales, estará analizando los planteamientos constitucionales hechos por el Grupo Ad Hoc”, señala en un comunicado.

El Gobierno exhorta al Juez Besosa a decidir los planteamientos del Grupo Ad Hoc en o antes del 30 de abril de 2017 y dijo que ha decidido no apoyar ningún esfuerzo por aplazar o retrasar la resolución de las planteamientos constitucionales del Grupo Ad Hoc para después de que venza la paralización de los litigios que concede la ley PROMESA. El Gobierno de Puerto Rico reconoce que una pronta resolución del caso Lex Claims servirá para fomentar las negociaciones entre todos los acreedores.

“Creemos que una resolución de las controversias constitucionales es esencial para establecer las reglas básicas para una solución negociada al margen del Título III”, expresó Andrew Rosenberg, un representante del Grupo Ad Hoc. “Es muy encomiable que el Gobernador esté concentrando atención y recursos significativos para tratar de alcanzar una solución negociada”.

“Las discusiones que anticipamos tener con el Grupo Ad Hoc reafirman el compromiso del Gobierno de buscar una solución ordenada a los asuntos financieros que afectan a Puerto Rico y recalcamos que todos los acreedores y partes involucradas deben estar preparados para proceder con negociaciones de buena fe hacia una reestructuración consensual conforme al Título VI de PROMESA”, señaló Portela.