Por redacción de Sin Comillas
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, se dirigió el jueves al Subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para ofrecer la posición del Gobierno acerca del proyecto que permitiría que se trate a la Isla como un estado para propósitos del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. El Capítulo 9 –que usaron Detroit, Michigan y Stockton en California– permitiría que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda. El uso del Capítulo 9 fue propuesto por Pedro Pierluisi, Comisionado Residente en Washington.
Por su parte, las firmas tenedoras de deuda de Puerto Rico se dividen entre los que opinan que la alternativa de tener un marco jurídico ofrece confianza y los que argumentan que es una solución del “salvaje oeste” (“Wild West solution”).
Acosta Febo ofreció al subcomité un resumen de la situación fiscal de Puerto Rico y la necesidad de un marco jurídico que permita a las corporaciones públicas ajustar la deuda de una manera ordenada. El BGF considera que es de vital importancia que Puerto Rico tenga el derecho de reorganizar la deuda de sus corporaciones públicas de manera ordenada y apoya firmemente cualquier medida que pudiera conceder este derecho a Puerto Rico.
Acosta Febo señaló que la situación económica y fiscal del Gobierno ha alcanzado un momento crítico y la Asamblea Legislativa ha declarado un estado de emergencia fiscal en la isla. “Puerto Rico ha sufrido el impacto desproporcional de la recesión, y las dificultades económicas sin precedentes han contribuido a las crecientes insuficiencias presupuestarias en todos los niveles del gobierno, inclusive en las corporaciones públicas del país”.
Anthony Princi, socio de la firma Morrison & Foerster, dijo en una carta distribuida por Pierluisi antes de la vista del jueves que el Capítulo 9 ofrecerá confianza al mercado municipal. Princi representa a un grupo de 32 firmas con más de $4,200 millones en deuda de Puerto Rico.
FCO Advisors, una firma que ha invertido en deuda de Puerto Rico, dijo que el consenso de muchos fondos mutuos y “hedge funds” es que ésta es una solución que merece ser considerada.
La posición más crítica fue la presentada por Thomas Mayer, que señaló que usar el Capítulo 9 traerá más perjuicios que beneficios. Mayer es socio de Kramer Levin, que representa a fondos manejados por Franklin Municipal Bond Group y Oppenheimer Funds Inc., con más de $1,600 millones invertidos en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“El Capítulo 9 es el salvaje oeste”, dijo Mayer en la vista. “La única certeza es que el Capítulo 9 tomará tiempo, por de 18 meses a tres años y es muy caro”.
