Por redacción de Sin Comillas
El gobernador Alejandro García Padilla reclamó acceso urgente a herramientas otorgadas bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
En el marco de la celebración del foro “Puerto Rico Presente y Futuro” en Washington D.C., el Gobernador defendió la autonomía de Puerto Rico y reclamó “acción justa” por parte del gobierno federal para así completar el proceso de recuperación económica.
El gobernador insistió en que Puerto Rico no cuenta con la capacidad para pagar “la deuda incurrida por previas administraciones y sus acreedores”, y debe ser reestructurada evitando la austeridad. Considera urgente atender el problema de la deuda, debido a que el 15 de febrero de 2017 expira la suspensión en los litigios obtenida a través de PROMESA, “lo que expondría al país a un déficit de más de $3,000 millones y obligaría al gobierno a un cierre de operaciones”.
“No hay excusa para forzar a Puerto Rico a una depresión económica. Hace dos meses presenté ante la Junta de Supervisión Fiscal un plan fiscal comprensivo preparado por un grupo de reconocidos expertos y economistas. El plan establece una visión de futuro e incluye recomendaciones para eliminar el déficit y alcanzar el acceso a los mercados financieros, mientras se protegen los empleos y las pensiones en el sector público, así como las inversiones significativas realizadas anualmente por los puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico. La aprobación de este plan, junto a la reestructuración de la deuda, permitiría que Puerto Rico obtenga protección bajo un procedimiento ordenado de quiebra a través del Título III de PROMESA. Ahora bien, el país no puede continuar buscando préstamos a corto plazo a costos cada vez mayores o tomar medidas de austeridad. Optar por este camino sería insostenible, dañaría nuestra economía, reduciría los ingresos y disminuiría nuestra capacidad para pagar la deuda. Si la nueva administración decide optar por un patrón de austeridad, Puerto Rico pronto caerá en un espiral descendente”, detalló el gobernador.
García Padilla subrayó la responsabilidad del gobierno federal en la recuperación económica de Puerto Rico, describiendo las acciones tomadas unilateralmente por Estados Unidos que han atentado contra el desarrollo económico del país y su derecho democrático a la auto-gobernanza, como la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas y la exclusión de la isla de la protección del Código de Bancarrota de Estados Unidos sin ninguna discusión o récord legislativo.
“Puerto Rico se encuentra ante una encrucijada. Aún en medio de nuestra necesidad de reestructuración de la deuda, debemos defender el progreso significativo y el nivel de soberanía para gobernar sobre los asuntos locales hasta ahora alcanzado. Con la ley PROMESA, Estados Unidos ha retrocedido en su posición sobre el reconocimiento democrático al pueblo puertorriqueño, por lo que debe responder por su nueva postura ante la comunidad internacional. Nuestra ruta hacia la recuperación requiere que nos asociemos en el proceso con el gobierno federal, a quien le exigimos trato igualitario bajo los programas de Medicare y Medicaid, la derogación del la ley Jones y las ventajas competitivas que perdimos como consecuencia de la decisión desacertada tomada por el Congreso al eliminar la Sección 936. Necesitamos continuar proveyéndole los servicios esenciales a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que viven en la isla y estimular la economía, poniendo en vigor las herramientas que nos provee PROMESA para reestructurar la deuda. Alcanzar una solución política para estos retos exige un nivel de participación y activismo sin paralelos de los 5 millones de puertorriqueños que viven tanto en la isla, como en Estados Unidos. Este deber ser el comienzo de un desarrollo democrático y económico duradero y sostenible para los puertorriqueños”, concluyó García Padilla.
La participación del mandatario en este foro estuvo seguida por la intervención por un grupo de panelistas, que incluyó al abogado Christopher Landau, que expuso sobre el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle. Mientras, Carlos Baralt, asesor legal del gobernador, discutió el rol de la ley PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y la importancia de la reestructuración de la deuda. Por su parte, el profesor y experto en relaciones exteriores de Estados Unidos, David Rezvani, depuso sobre la soberanía puertorriqueña y las relaciones de Puerto Rico con el gobierno federal. Asimismo, Arnold H. Leibowitz, autor de múltiples escritos sobre las relaciones territoriales de Estados Unidos, abordó el tema de las relaciones de la isla con Estados Unidos. Samuel Issacharoff, profesor de Derecho cuya labor académica se centra en el derecho constitucional, los derechos de voto y el procedimiento civil, conversó sobre la Constitución y el auto-gobierno de Puerto Rico. Por su parte, Juan Lara, economista y profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, discutió la situación de la economía puertorriqueña.
