Por redacción de Sin Comillas
El Gobierno anunció que venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un proceso que tardará 18 meses y se hará en tres fases. En un mensaje televisado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares explicó que se privatizará la generación de energía y se otorgará una concesión, a término definido, de la distribución y transmisión de la energía.
Cuando se acaban de cumplir cuatro meses desde el huracán María, 33% de la población sigue sin energía eléctrica. Rosselló dijo que la AEE es un impedimento para el desarrollo, el sistema de distribución de energía es obsoleto y la corporación pública “se ha convertido en una carga para nuestro pueblo”. Destacó que la demanda de energía en la Isla ha disminuido en un 18% y la AEE ha perdido al 30% de los empleados durante los pasados cinco años.
“Tenemos un sistema de generación 28 años más viejo que el promedio en la industria de energía eléctrica en los Estados Unidos. Tenemos una dependencia en el petróleo que lo hace cada vez más caro, más contaminante y menos eficiente. A ese tétrico escenario se le añade una deficiente administración histórica de la corporación pública que ha mantenido un virtual monopolio en la generación de energía en Puerto Rico. El mantenimiento de su infraestructura fue prácticamente abandonado durante la pasada década”, señaló. “Lo que hoy conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica no funciona y no puede continuar operando así”.
El gobernador dijo en los próximos días comenzará la venta de activos de la AEE. El proceso de privatización durará aproximadamente 18 meses y consta de tres fases:
- en la primera se definirá el marco legal mediante legislación. Se auscultará el mercado y se abrirá la convocatoria para las empresas interesadas en participar en la transformación de la Autoridad.
- en la segunda fase se recibirán las ofertas de las empresas y se procederá con su evaluación técnica, económica y financiera.
- en la fase final se negociarán los términos de adjudicación y contratación de las empresas seleccionadas que cumplan con los requisitos para la transformación y modernización de nuestro sistema energético.
“La transformación que hoy te presento nos permitirá superar los retos que la generación de energía está teniendo a nivel mundial. Estamos dando un paso hacia un modelo centrado en el consumidor, donde tú puedas tener opciones. Un modelo innovador que sea sostenible, con avanzada tecnología y resiliente ante los embates de la naturaleza. Deberá ser financieramente viable, con un costo menor para ti. Este será el salto hacia la modernización de Puerto Rico”, indicó.
Explicó que parte de los ingresos que genere la privatización de la AEE se destinarán a capitalizar los fondos de retiro de los empleados.
¿Y qué dirá la Junta de Control Fiscal?
Rosselló anuncia la venta de los activos de la AEE unos días antes de la reunión que la Junta de Control Fiscal celebrará el 1 de febrero, en Nueva York, para discutir el plan fiscal de la corporación pública. El Gobierno debe entregar el 24 de enero el plan fiscal revisado de la AEE, junto con el del gobierno central y el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Cuatro de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal (Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Ana J. Matosantos y David Skeel) apoyan la privatización de la AEE, según se desprende de un artículo publicado en The Wall Street Journal en junio del año pasado.
El gobierno había advertido que la AEE se quedará sin liquidez a partir de febrero y presentó en la Legislatura una medida para poder prestarle dinero. Por otro lado, el gobierno sigue esperando por el Departamento del Tesoro para acceder a la ayuda federal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en octubre de 2017. Esta ayuda pretende destinar alrededor de $4,700 millones a Puerto Rico bajo el programa de Community Disaster Loans (CDL). Miembros de la Junta de Control Fiscal señalaron el pasado viernes que el Tesoro evitaría desembolsar los fondos hasta asegurarse de la necesidad, después de que aparecieran alrededor de 800 cuentas del gobierno con más $6,000 millones.
La Junta de Control Fiscal radicó en el verano del año pasado, en la Corte Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico una petición voluntaria bajo el Titulo III de PROMESA para la AEE, que tiene una deuda de unos $9,000 millones.
