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En su primer día como gobernador Rosselló emite seis órdenes ejecutivas

Por Luisa García Pelatti

Luego de prestar juramento en las escalinatas del Capitolio, Ricardo Rosselló Nevares se convirtió en el duodécimo gobernador de Puerto Rico, y una de sus primeras decisiones fue firmar seis órdenes ejecutivas que van desde decretar un estado de emergencia fiscal, reducir los puestos de confianza, los contratos de servicios profesionales y el presupuesto vigente.

Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) señalaron que con estas decisiones el gobernador intenta gobernar por decreto.

La primera orden ejecutiva (OE-2017-001) establece “medidas de control fiscal y reconstrucción económica”. De forma inmediata se decreta un estado de emergencia fiscal en el gobierno, lo que significa que todas las agencias deben reducir sus gastos operacionales sin afectar los servicios esenciales. Todos los puestos vacantes permanecerán así de forma indefinida, no se crearán nuevos puestos y se eliminará el 20% de los puestos de confianza existentes.

Además, las agencias deberán reducir en 20% su presupuesto vigente y en 10% los contratos por servicios profesionales. Por otro lado, se centraliza la toma de decisiones para la contratación de directores de división legal y personal de comunicaciones en las agencias.

Se prohibe el uso de tarjetas de crédito, los viajes con fondos públicos deberán ser autorizados por el Secretario de la Gobernación, se limita el uso de vehículos oficiales a uno por agencia y se ordena cancelar los contratos de teléfonos móviles y tablets.

Las agencias deberán reducir en 5% el consumo de energía eléctrica y agua y disminuir la acumulación de vacaciones en exceso de 60 días por parte de los empleados. Se revisarán todos los contratos de arrendamiento.

Se recomienda a las corporaciones públicas que sigan los mismos procedimientos en cuanto a reducción de 20% del presupuesto vigentes y de 10% en los contratos de servicios profesionales.

La segunda orden ejecutiva (OE-2017-002) crea el Centro de Oportunidades Federales, adscrito a la Oficina del Gobernador, con el objetivo de proveer asistencia técnica y de cumplimiento para poder optar por fondos federales.

Con la tercera orden ejecutiva (OE-2017-003) el Gobernador declara un estado de emergencia en el área de la infraestructura, con el fin de utilizar un “proceso de expedito” al otorgar permisos, consultas o certificaciones para desarrollar proyectos de infraestructura “relacionados con servicios esenciales a la ciudadanía y que promuevan el desarrollo económico”.

La cuarta orden ejecutiva (OE-2017-004) crea el Grupo Interagencial de Proyecto Críticos para la Infraestructura del Siglo XXI, adscrito a la Oficina del Gobernador, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos de las entidades gubernamentales en la evaluación y concesión de permisos para el desarrollo de proyecto críticos y estratégicos de infraestructura. Este grupo manejará también el redesarrollo de Roosevelt Road y del Puerto de las Américas.

Otra de las órdenes ejecutivas propone implementar en todas las agencias la metodología del presupuesto base cero y la sexta busca impulsar el bilingüismo en las escuelas públicas.

“La forma en que fueron presentadas hoy las Órdenes Ejecutivas dan la impresión de un intento de tratar de gobernar por decreto sin tan siquiera contar con los senadores y representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Por ejemplo: La forma correcta de establecer un presupuesto base cero es presentando legislación que transforme el sistema. Para eso debió contar con la Rama Legislativa, y ese no fue el caso. Otro ejemplo es que el poder del Ejecutivo no se puede delegar a una Junta sin el consejo y consentimiento de la Legislatura”, explicó el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

En cuanto a la orden ejecutiva para declarar una emergencia de infraestructura, y activar un proceso expedito, Hernández levantó su voz de alerta asegurando que la medida obvia las salvaguardas de ley para evitar actos de corrupción y el desarrollo de proyectos que afecten comunidades, y recordó los escándalos del proyecto Vía Verde bajo la administración de Luis Fortuño.

Por su parte, Rosselló señaló que “durante los próximos 100 días pondremos en marcha planes específicos encaminados a recobrar la confianza de los mercados financieros y el gobierno federal. Vamos a actuar inmediatamente para asegurar que el pago de las pensiones a los más vulnerables no se interrumpa”.

De otro lado, aseguró que durante los próximos días presentará legislación para establecer el concepto de Empleador Único, con el objetivo de garantizar la estabilidad de los empleos de los servidores públicos. Adicional, presentará un proyecto legislativo para crear la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio Económico y la Auto Gestión, con el propósito de estimular el desarrollo y la creación de empleos en sectores necesitados y potenciar que organizaciones sin fines de lucro puedan tener acceso a fondos federales y prestar servicios que hoy ofrece el gobierno. 

Entre otras medidas importantes, se encuentran Entreprise Puerto Rico y Destination Marketing Organization, las cuales buscan atraer nueva inversión, fomentar la industria con incentivos y asistir a los planificadores en la industria turística.

De cara a la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal por parte del Congreso de los Estados Unidos, Rosselló Nevares aseguró que su administración interactuará con este organismo de forma colaborativa, “siempre velando por una sana administración pública que beneficie al pueblo de Puerto Rico”.

Rosselló Nevares viajará a Washington D. C. para asistir a la juramentación de la comisionada residente, Jenniffer González y acompañarla durante la presentación en el Congreso del Proyecto de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión.