Por redacción de Sin Comillas
Fitch Ratings degradó la deuda de la Obligaciones Generales de “BB-” a “B” y puso la clasificación en alerta negativa, lo que significa que la próxima acción puede ser otra degradación. Esta es la tercera degradación en poco más de un año. Fitch había degradado la deuda el 11 de febrero de 2014 y otra vez el 9 de julio.
La decisión de Fitch refleja la creciente preocupación sobre la habilidad del Gobierno para sacar al mercado la emisión para dar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La agencia clasificadora responsabiliza a la Legislatura por la degradación y cuestiona su disposición a pagar la deuda.
La agencia advierte que los próximos dos meses serán críticos: ¿se hará la emisión para mejorar la liquidez? ¿qué pasará con la reforma contributiva? ¿cómo quedará el presupuesto del 2016?
Fitch cree que las declaraciones recientes por parte de los Legisladores “que podrían resultar en la anulación de los compromisos del Gobierno a los tenedores de bonos” han aumentado las dificultades para poder hacer la emisión prevista para darle liquidez al BGF. Creen que esas declaraciones provocarán un aumento en los costos de esa emisión.
La degradación afecta también a las deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Autoridad de Edificios Públicos.
Eduardo Bhatia, presidente del Senado comentó: “la casa acreditadora Fitch tiene que hacer lo que entiende y la legislatura ha hecho y hará lo que tiene que hacer por el bien del pueblo Puerto Rico y de sus finanzas. Me parece una impericia profesional llegar a conclusiones especulativas y sin haber hecho un análisis serio de medidas legislativas bajo evaluación. Si evaluaran así al Congreso de Estados Unidos, la degradación fiscal sería la más baja. Al día de hoy, todas las medidas legislativas aprobadas y las que están bajo consideración en el Senado de Puerto Rico son responsables con el País y con los acreedores. El Senado de tiene que hacer y hará lo que es correcto para Puerto Rico”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime R. Perelló Borrás, señaló: “la acción tomada por Fitch es incomprensible, desinformada, apresurada y altamente irresponsable. Me resulta inconcebible que una casa crediticia tome una decisión tan importante y afecte el crédito de Puerto Rico basándose en una especulación sobre propuestas legislativas que, aún están bajo análisis, y no en el lenguaje final del proyecto. En la Cámara de Representantes, estamos trabajando para resolver un problema fiscal y económico y ya hemos adelantado mucho. Fitch crea un problema, nos complica y nos presiona para que actuemos sin concluir el proceso legislativo. Terminaremos nuestra evaluación como la comenzamos, de manera responsable, e incorporaremos las enmiendas necesarias para aprobar una transformación contributiva que beneficie los intereses del pueblo de Puerto Rico y, en especial, a la clase trabajadora y a los pequeños y medianos comerciantes”.
Los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos emitieron un comunicado conjunto con las siguientes declaraciones:
“Hace dos semanas presentamos ante la Asamblea Legislativa y el País una propuesta de consulta para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha enmienda propone crear mecanismos de excepción para que el Pueblo de Puerto Rico pueda renegociar toda o parte de la deuda de las corporaciones públicas y el gobierno central, en la eventualidad de que haya que defenderse de las agresivas gestiones de cobro de nuestros acreedores.
Hoy se reseñan expresiones de la compañía Fitch Ratings al mercado estadounidense de bonos municipales, en las que se incurren en contradicciones y se amenaza con degradaciones adicionales si la Asamblea Legislativa descarga su obligación constitucional de considerar la legislación que en ella se presenta. Esta prohibición velada a que todo un Pueblo discuta, a través de su proceso constitucional, cómo encarar nuestro principal problema fiscal es una sin precedente e inaceptable. La censura al debate democrático de alternativas no puede ser condición o exigencia para que una evaluadora de crédito trate favorablemente a un Pueblo. La discusión democrática sobre el bienestar general de los puertorriqueños no puede estar subordinada a las promesas de tratos más favorables por las evaluadoras de crédito.
Y esto se da en el contexto de contradicciones en el propio informe. Los analistas de Fitch, al degradar, concluyen que Puerto Rico tiene capacidad para continuar pagando su deuda pública sin reestructuración alguna. Sin embargo, también concluyen que sin liquidez adicional del BGF no hay capacidad para realizar esos pagos. No son expresiones compatibles. La realidad es que se han tomado una serie de medidas para atender la situación fiscal de Puerto Rico y la que falta por resolver es la del manejo realista de la deuda pública. Esa discusión, si es seria, es buena para nosotros los deudores, pero también es buena para los acreedores que podrán obtener certeza en una estructura de repago razonable.
Esta acción de Fitch, en momentos en que el BGF negocia una nueva emisión de bonos, es parte de un patrón constante de ésta y otras compañías de análisis crediticio de no reconocer, y en algunos casos entorpecer, las acciones de este Gobierno para encarar la situación. A pesar de que se ha reducido el gasto en el funcionamiento del gobierno en $2 mil millones, que se reestructuró el Retiro de los empleados públicos, que se adoptó la Ley 66 para el control del gasto, que se adoptaron medidas de recaudo como la Patente Nacional y los aumentos en el arbitrio al barril de petróleo y sus productos derivados (la “Crudita”), y que se aprobó la Ley 71 para un proceso ordenado de reestructuración de las corporaciones públicas, ésta y otras compañías de análisis crediticio han continuado el trato negativo hacia Puerto Rico. Lo reportado hoy, aún la mención de nuestra propuesta, no es nuevo y no sorprende.
No somos los primeros en poner sobre la mesa mecanismos de renegociar deuda. El gobierno lo hizo con la Ley 71, la cual se está defendiendo en el Primer Circuito de Boston. La AEE lo hizo mediante el acuerdo con los bonistas que permitió designar a la Sra. Lisa Donahue como oficial de reestructuración. El Comisionado Residente, con apoyo de nuestro Ejecutivo y Legislativo, impulsa legislación congresional que extendería la Ley de Quiebra federal a nuestras corporaciones públicas. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá propone una negociación con el gobierno federal para que asuma cierta responsabilidad en la garantía del pago de nuestra deuda. Otros funcionarios electos como el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, también se han expresado a favor de explorar la renegociación. Otros compañeros en la Cámara también han presentado alternativas. Este es un debate que ya estamos teniendo como País.
El Gobierno de Puerto Rico está obligado a proteger el mejor interés del Pueblo de Puerto Rico. Ésa es la razón de su existencia. Nuestra propuesta, que puede analizarse junto a las otras, es una de varias posibles respuestas que procuran mitigar la indefensión en que hoy se encuentra Puerto Rico frente a los intereses de Wall Street. ¿Por qué no se pueden discutir?
La enmienda constitucional que proponemos para la discusión pública necesaria no es contraria a las gestiones que lleva la Rama Ejecutiva para lograr la reestructuración de nuestra deuda pública. Es una opción adicional a discutirse frente a los obstáculos que las otras propuestas han enfrentado. De hecho, hacemos frente común en estos esfuerzos, pues el mismo día que radicamos nuestra propuesta, los abogados del gobierno radicaban un recurso de apelación ante el Primer Circuito federal en Boston, defendiendo la constitucionalidad de la Ley 71-2014 (apodada “Ley de Quiebra Criolla”) que nos permitiría tener un fuerte instrumento de negociación para reestructurar una parte importante de nuestra deuda pública.
En la vista pública celebrada el pasado lunes, 16 de marzo, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, estuvimos de acuerdo con la presidenta del BGF, Lcda. Melba Acosta Febo, y con el presidente de la Junta de Planificación, el economista Luis García Pelatti, en cuanto al factor determinante para que el mercado restablezca algún nivel de confianza en la capacidad de pago de nuestro Gobierno: necesitamos lograr un crecimiento económico sostenido.
Nosotros no proponemos que se discuta algo distinto a eso: la prioridad constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe ser la inversión en el crecimiento económico. Repartirnos la pobreza entre puertorriqueños y bonistas no beneficia ni a unos ni a otros. Nadie, nadie, propone que Puerto Rico desatienda sus obligaciones con nuestros acreedores. Lo que estamos diciendo, como tantos otros, es que llegó la hora de discutir la forma y manera razonable de renegociar esa deuda para bien, tanto de Puerto Rico como de sus acreedores”.
