Por redacción de Sin Comillas
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, junto a los candidatos a la Cámara de Representantes, Wanda Del Valle y Félix ‘Johnny’ Figueroa, exigieron explicaciones por parte de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) sobre la compra de alrededor de unos $400 millones de bonos chatarra del gobierno. No descartan enviar un referido de investigación a la Junta de Control Fiscal.
“Estamos evaluando si esta transacción viola alguna de las disposiciones de PROMESA. Además de ser muy cuestionable, estamos seguros que no fue consultada con la Junta y eso lo vamos a averiguar”, agregó Del Valle.
“La Junta de Gobierno de COSSEC tiene que hablarle claro al pueblo de Puerto Rico sobre cuáles fueron sus verdaderas motivaciones detrás de la compra de estos activos tóxicos. Existen demasiadas dudas relacionadas al proceder de los miembros de la Junta en cuanto a esta transacción y el pueblo cooperativista de la Isla tiene el derecho de saber la verdad y como se van a afectar sus ahorros debido a esta compra”, señaló Aponte Hernández.
COSSEC aprobó un intercambio de activos con el llamado G-25, un grupo de cooperativas de ahorro y crédito que actualmente se encuentran en negociaciones para reestructurar la deuda con el Gobierno.
“En esencia, esta transacción trasfiere el riesgo tomado por estas 25 cooperativas a COSSEC, cuya función primordial es velar por la salud fiscal de todas las cooperativas. Con esta transacción, COSSEC está comprando algún tiempo al gobierno para que pague la deuda que tiene con estas cooperativas la cual se agudizó debido al impago del 2015 y del pasado mes de julio. Esos impagos causaron pérdidas reales en todas las cooperativas de ahorro y crédito de sobre $500 millones. Esta transacción luce como un intento desesperado de salvar a unas cuantas cooperativas a expensas del riesgo del que se expone al resto de ellas”, dijo De Valle, quien busca un escaño por el Distrito #38 de Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto.
Figueroa aseguró que el arquitecto de la transacción es Sergio Ortiz Quiñones, Comisionado de Desarrollo Cooperativo y presidente interino de COSSEC. “El señor Ortiz Quiñones, no sólo fue el único componente del sector público en aprobar esta dudosa transacción, si no también fue uno de los principales arquitectos de la misma. A esta persona, la cual se le ha señalado en múltiples ocasiones por violentar la ley, lo único que busca es su permanencia en la presidencia de COSSEC. Cambió ese puesto por el bienestar de las cooperativas de Puerto Rico. ¿Alguna persona en Puerto Rico cree que COSSEC puede pagar un 4% de interés anual a las cooperativas del G25 que les compró esos bonos? Ese dinero, el cual estimamos en entre 5 a 10 millones de dólares cada año, saldrá del bolsillo de los ciudadanos que con mucho sacrificio han depositado sus ahorros en las cooperativas”, sostuvo Figueroa.
De acuerdo a varios estimados, las cooperativas de ahorro y crédito tienen sobre $1,100 millones en bonos del gobierno, la gran mayoría de estos, sobre $700 millones, son emisiones generadas por el Banco Gubernamental de Fomento.
Aponte Hernández enfatizó que la transacción es “una movida puramente política, diseñada para agenciarse un logro que no existe, pues el riesgo del colapso de estas cooperativas recae enteramente en el gobierno del PPD al no realizar los pagos de la deuda pendiente. Al mismo tiempo, la inusual movida amarrará a la próxima administración a buscar cerca de $500 millones en los primeros meses del año para ‘salvar’ el movimiento cooperativo en Puerto Rico”.
Según datos de la propia COSSEC para el 2015 habían unas 41 cooperativas en déficit: tres de estas son cooperativas con menos de $10 millones en activos; 10 son cooperativas con entre $10 millones y $49 millones en activos; 19 de un total de 33 tienen entre $50 millones y $99 millones en activos; y 9 son cooperativas con más de $100 millones en activos.
