Por Leslie Adames López, Economista
En días recientes un ilustre economista del país concluyó en una columna titulada La causa de la crisis no es el estatus que “la causa de la crisis fiscal y el fracaso financiero se encuentra en el populismo que impulsa y alimenta la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos”. Concluye además que una solución en el estatus deberá proponerse y defenderse en sus propios méritos y que “se corre el riesgo de que, de obtenerse por la razón equivocada, provoque un descalabro peor del que estamos abocados a sufrir durante la próxima década”.
Concluir que el estatus no es la razón de la crisis que enfrenta el país es ir en contra de todo sentido común, pero plantear que solucionar el estatus como un proyecto independiente al proceso de transformación económica es una locura. ¿Cómo puede desvincularse el problema del estatus de la crisis económica cuando Puerto Rico carece de las herramientas básicas para establecer acuerdos comerciales sin que en el proceso medien los intereses económicos y políticos del gobierno federal? ¿Cómo podemos desarrollar y proteger la industria nativa cuando se establecen políticas económicas dirigidas a liberalizar el comercio sin que existan remedios que permitan la protección y el desarrollo gradual del sector comercial local? Por último, y no menos importante, ¿acaso la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal para implementar medidas de ajustes fiscal con claras consecuencias negativas para la economía no es un problema estrechamente vinculado al problema del estatus actual?
Desatender el problema del estatus como condición necesaria para transformar la economía del país es lo que nos ha llevado a la crisis actual. Esto no se trata como indica este economista de “sólo de una variable en una correlación espuria carente de causalidad.” Este argumento ha sido utilizado históricamente para restarle méritos a los cambios que necesita el país. Lo cierto es que hay suficiente evidencia real del sufrimiento y desesperanza humana y de la incertidumbre que ha producido esta situación como para minimizarlo a una simple correlación espuria. Hoy día se requieren nuevas ideas, una visión de mundo distinta, y un compromiso de la clase política y empresarial del país de trabajar para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Sin ello no hay futuro.
En la práctica hay que desarrollar el sector empresarial local y su potencial de exportaciones. Esto ayudará a expandir el sector privado y compensar por la disminución en el sector público y el aumento que se nos viene en el desempleo y en la emigración. Es crítico reconstruir el marco institucional que ha venido desmoronándose rápidamente en las últimas décadas. Hay que remover aquellas barreras comerciales que encarecen los costos de las importaciones y promueven la competencia desleal entre las megatiendas y los comerciantes locales. Esto último no se trata de proteccionismo sino del derecho de desarrollar, al igual que han hecho otras naciones, aquellas actividades que generen rendimientos positivos para el país y que vayan reduciendo gradualmente la dependencia.
Hay que tener la voluntad de luchar contra el inmovilismo y aspirar a trabajar para lograr construir un país nuevo. Sin amplios poderes en materia política y económica que faciliten la transformación del país es poco lo que podrá hacerse para maximizar su potencial económico. Por tanto, perpetuar la indefinición del estatus mientras se atiende la situación fiscal con medidas de ajustes que han fracasado en otros países, y carecer de un plan económico coherente y consistente con un nuevo modelo de país, sin duda alguna desencadenará como bien ha indicado este reconocido economista en “un descalabro peor del que estamos abocados a sufrir durante la próxima década”.
