Universia Knowledge@Wharton
Irónicamente, Puerto Rico, a pesar de su nombre, acaba de solicitar a EEUU una nueva forma de protección contra la quiebra, ya que el territorio se encuentra ahogado por 123.000 millones de dólares en deudas y responsabilidades no financiadas en sus planes de pensiones. Las esperanzas de salvación de Puerto Rico dependen del plan fiscal de diez años formulado por un comité de supervisión federal cuyo objetivo es poner en práctica amplias reformas estructurales y económicas.
La piedra angular del plan es la reestructuración de la deuda y el recorte de gastos, lo que es fundamental para la recuperación de la confianza de Wall Street en Puerto Rico y para proteger su futuro poder de contratación de préstamos en los mercados de capitales, según explica David Skeel, profesor de Derecho Empresarial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Skeel fue una de las siete personas del Comité de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico que dio su conformidad para llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda.
Él señala que son muchos los factores que llevaron a Puerto Rico a la actual situación de crisis económica, lo que incluye el fin de los enormes beneficios fiscales que el territorio estaba recibiendo desde 2006. “En vez de disminuir gastos, Puerto Rico financió cada vez más sus operaciones a través del endeudamiento, lo que es siempre un problema”, dijo. “A esto le sumamos una serie de factores y el resultado es 123.000 millones de dólares en deudas, si incluimos los planes de pensiones no financiados”. Además, los US $ 6.400 millones que Puerto Rico recibió del Obamacare se están agotando rápidamente, dice Skeel. Actualmente, señala, el Congreso ha reservado 295 millones de dólares para Puerto Rico este ejercicio fiscal.
Skeel dice que el comité no vio otra salida que la quiebra. “Negociamos cuánto pudimos antes de proceder a su tramitación”, dijo en el programa de Knowledge@Wharton en el canal 111 de SiriusXM. “Lo que desencadenó de hecho el proceso fue el período de suspensión [en relación a los acreedores] que estaba en vigor. La suspensión automática expiró el 1 de mayo […] Se presentaron numerosas demandas judiciales poco después del final de la suspensión. En aquel momento, quedó claro que teníamos que recurrir al Título III. El Título III de la nueva Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) se asemeja al Capítulo 9 del código de quiebra municipal y al proceso de quiebra corporativa del Capítulo 11. Fue creado porque los Estados, inclusive Puerto Rico, no pueden solicitar la quiebra. El objetivo del Título III es llenar ese vacío.
El plan fiscal de Puerto Rico incluye recortes generalizados y el establecimiento de un plan de pago de la deuda a los acreedores, dijo Skeel. “Una forma de estructurar el plan fiscal fue preguntarse cuánto podríamos recortar sin empujar a Puerto Rico cerca del precipicio. Tenemos que caminar sobre esa cuerda floja ahora”, dijo. “Todo dólar recortado, es un dólar que sale de la cartera de alguien, lo que perjudica a la persona y, por último, afecta a la economía […] La esperanza es que, una vez hechos los recortes y los presupuestos vuelvan a equilibrarse, Puerto Rico comenzará a crecer de nuevo. Mientras tanto, el “camino es arduo, tenemos la esperanza de que dentro de unos años comenzaremos a crecer”.
El problema de Puerto Rico
Los eventos expusieron de forma explícita los problemas a largo plazo que Puerto Rico tendrá que solucionar para gestionar sus deudas y restaurar el crecimiento económico, según explican los expertos. Entre estos problemas está la ausencia de un plan económico confiable; gastos excesivos del Gobierno en relación con los ingresos; desempleo crónico; la ineficiencia de los gastos de salud y las subvenciones innecesarias; salida de jóvenes puertorriqueños a otras partes de Estados Unidos y la imposición de políticas económicas dictadas por EEUU que el territorio no está en condiciones de llevar a cabo, como, por ejemplo, los salarios mínimos elevados. (Llama la atención que Puerto Rico no pague impuestos federales).
Rosario Rivera-Negrón, profesora de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Cavey, atribuye los problemas del territorio al “colapso” de su modelo económico desde 1974 y el decepcionante crecimiento económico durante las décadas posteriores. “Eso tenía que acabar explotando en nuestra cara en algún momento, y fue lo que pasó”, dijo. Ella recuerda haber alertado de esta situación hace dos años. Puerto Rico necesita “nuevas instituciones, nuevas estructuras, nuevas leyes y nuevos incentivos”, dijo a Knowledge@Wharton en 2015.
“Hace muchos años, deberíamos habernos dado cuenta de que unas condiciones económicas diferentes requerían políticas diferentes”, dijo Orlando J. Sotomayor, profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. “Deberían haber permitido que tuviéramos un salario mínimo menor, que pudiéramos reformular los programas públicos de manera que no desincentivaran en gran medida el trabajo”. Rivera-Negrón añadió: “Deberíamos haber reformulado nuestro modelo económico, nuestros acuerdos institucionales, el sistema tributario y el modo en que creamos incentivos para que las personas puedan trabajar e integrarse en la fuerza laboral”.
Trazar el declive
“Los países ricos imponen sus políticas a los países en desarrollo sin prestar ninguna atención a las consecuencias que eso puede tener”, dijo Rivera-Negrón en relación a la manera en que Puerto Rico se ha visto afectado por las políticas estadounidenses. En 1938, EE.UU. extendió los requisitos de salario mínimo a la isla, pero los redujeron en las décadas siguientes cuando el territorio los encontró demasiado elevados, sin embargo, los niveles fueron rebajados a los de EE.UU. en 1974, junto con la aplicación de exenciones fiscales para las empresas poco después. Estos requisitos para el salario mínimo aumentaron las ganancias de los trabajadores, pero elevaron los niveles de desempleo, debido a que las empresas hicieron despidos, lo que llevó a que el Gobierno creara programas de subsidios. En 2006, se retiraron las exenciones fiscales, lo que desencadenó una larga recesión. Skeel resalta que la tasa de desempleo en el territorio excede el 12% y el 46% de la población está por debajo de la línea de pobreza federal.
Pocas personas de la clase política saben cómo resolver los problemas de Puerto Rico, y los que se frenan lo hacen porque eso les obligaría a tomar medidas políticas impopulares. “Se han negado varias veces a tratar problemas como el equilibrio presupuestario, la introducción de reformas económicas, incluso cuando los sistemas de jubilación están a punto de quebrar”, agregó Skeel refiriéndose a las políticas formuladas en Washington.
Debate sobre el estatus de territorio
Una de las cuestiones políticas más debatidas en Puerto Rico es su estatus de territorio americano. La isla no tiene poderes políticos, pero controla la política fiscal y parte de la política industrial, dijo Rivera-Negrón. Los dos principales partidos políticos, incluido el partido que está en el poder, están a favor de que el territorio alcance el nivel de Estado, mientras que el Gobierno anterior era favorable al estatus de territorio libre asociado y apoyaba una relación más cercana con Estados Unidos, dijo Skeel. Un grupo político menor está a favor de la independencia. El 11 de junio se fijó la celebración de un referéndum sobre el asunto, pero se pospuso. Sin embargo, las cuestiones relativas al crecimiento económico superan a las del estatus de territorio, explicó Rivera-Negrón. Ella lamentó que esas cuestiones no recibieran suficiente atención por parte de los partidos políticos. “No tenemos un plan económico y la clase política no ha producido nada semejante a ello”, dijo.
Además de la deuda pendiente, Puerto Rico se ha enfrentado en años recientes a otros problemas como huracanes y tormentas, y ahora, la amenaza del virus del zika con las temperaturas calurosas propias del verano está a la vuelta de la esquina. Todo esto ha afectado a la industria del turismo local, dijo Rivera-Negrón. La respuesta al Zika, de manera especial, ha puesto de manifiesto la terrible situación en que se encuentra la infraestructura física y social del territorio, añadió.
La esperanza de un nuevo plan
El plan fiscal de diez años formulado por el comité de supervisión tiene como objetivo aumentar los ingresos con las reformas fiscales, ampliar el cumplimiento de las leyes tributarias, aranceles e impuestos; reducir los gastos del Gobierno a través de una congelación salarial hasta 2020 y recortar los subsidios y gastos operativos; ahorrar en gastos de salud y planes de pensiones e introducir reformas estructurales que amplíen la participación de la fuerza laboral, además de invertir en proyectos con el apoyo de alianzas público-privadas.
Skeel espera que las reformas planeadas para Puerto Rico detengan la fuga de jóvenes a Estados Unidos y alienten a que otros vuelvan. “Ha habido una pérdida de población”, dijo, señalando que la población del territorio se redujo de los 3,6 millones de hace algunos años a los 3,4 millones actuales.
De acuerdo con Sotomayor, el plan que será negociado con los acreedores tendrá que ser la medicina adecuada y en la dosis adecuada, o bien tendrá resultados contraproducentes. “Si presionas demasiado a la isla para pagar a los acreedores, corres el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro”, dijo. “Ella no está poniendo huevos de oro en este momento, por eso hay que tener cuidado con la cantidad que se destine a los acreedores”.
